España arrastra, desde hace décadas, un problema económico que mantiene la hucha de las pensiones rota ante la realidad de que el número de cotizantes en edad laboral en España por cada persona mayor de 65 alcanza mínimos históricos como consecuencia del alto envejecimiento de la población.

De hecho, el número de trabajadores más jóvenes por cada persona mayor de 65 años, lo que se conoce como tasa inversa de dependencia, se sitúa ya en mínimos históricos, según un informe reciente publicado por el Instituto Santalucía. En concreto, cifra esta tasa en el 2,96%, lo que significa que ya hay menos de tres empleados de entre 20 y 64 años por cada jubilado mayor de 65.

«Esta tendencia al envejecimiento de la población activa repercute en el aumento del número de pensionistas, especialmente mayores de 65 años», subraya el análisis, que recuerda que el Gobierno ha legislado para aumentar la edad efectiva de retiro y así disminuir la tasa de cobertura.

Asimismo, constata un alza de la prestación media del 5,1%, hasta los 1.386 euros mensuales, debido a la revalorización de las pensiones aplicada a principios de año, del 3,8% con carácter general.

«Esta mayor generosidad requiere crecimientos de la productividad y empleo suficientes para compensar el efecto sustitución y el del número de beneficiados sin tensionar el equilibrio financiero», según los expertos del Instituto.

Aunque los pensionistas conocerán la subida definitiva para el año 2025 a mediados de diciembre, cuando el INE confirme la tasa de inflación de noviembre los economistas calculan ya que la revalorización de las pensiones se acercará al 3% a partir de enero.

Se trata de una subida alta con respecto al resto de trabajadores de empresas privadas del país y que, según los analistas, conllevará un incremento en la factura de la Seguridad Social de unos 5.000 millones de euros más en un nuevo ejercicio que contemplará pensiones por encima de 3.200 euros mensuales, casi 46.000 anuales, por primera vez en la historia. 

La evolución de los precios hasta octubre, sumado a la previsión del servicio de estudios económicos de Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), indica que la inflación media de los 12 meses previos se coloca ya en el 2,94%. Este dato preliminar está, previsiblemente, muy próximo al definitivo que servirá como referencia y beneficiará a los más de nueve millones de pensionistas españoles.

En esta línea, tomando como referencia la actual pensión media de 1.259,6 euros mensuales, el incremento promedio se establecerá en unos 38 euros brutos mensuales.

Además, la prestación media de los trabajadores retirados, que alcanza a día de hoy unos 1.447 euros mensuales, aumentará algo más de 42 euros si se confirma el cierre avanzado del IPC. La de incapacidad permanente, ahora en 1.164,78 euros crecerá en casi 34 euros mensuales más. La de viudedad, subirá 27 euros. La de orfandad, ahora en 503 euros mensuales, lo hará en 14 euros más y la que se otorga en favor de familiares mejorará unos 22 euros cada mes.

Por su parte, los pensionistas que forman parte del régimen general que suman unos 7,6 millones en España, actualizarán su nómina media de 1.373 euros al mes por 14 pagas hasta los 1.400 euros.

Autónomos

Mientras, el colectivo de trabajadores por cuenta propia jubilados, que son el segundo grupo más numeroso, prácticamente dos millones de beneficiarios y cuya partida representa un gasto mensual de 1.733 millones de euros, no superarán aún en 2025 los 900 euros brutos mensuales incluso tras la actualización con el IPC previsto del 2,94%.

Y con respecto a las jubilaciones de los funcionarios que se incluyen en el extinto régimen de las clases pasivas, que comprende al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos, así como a los empleados públicos transferidos a las comunidades autónomas notarán en sus pagas, que actualmente rondan los 2.250 euros brutos al mes, un incremento de 67,5 euros por 14 pagas como el resto.

 En definitiva, se trata de cifras que aunque la economía española crece por encima de la europea, sin embargo, aún no hace sostenible el sistema público de pensiones.