La historia del mayor desfalco a las arcas municipales de los últimos años no se escribió de un día para otro ni arrancó cuando el pasado 9 de octubre, hace casi veinte días, este periódico desveló el que, hasta la fecha, es el mayor escándalo al que se ha enfrentado el Gobierno de coalición del PP y Vox en la presente legislatura. Durante años hubo señales de que algo fallaba en el contrato para la gestión de la recaudación de las tarjetas de autobuses pero no fue hasta 2023, especialmente en la segunda mitad de ese ejercicio, cuando el problema se descontroló por completo. Lejos de enderezarse la situación, el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) decidió firmar el 19 de enero de este 2024 un nuevo contrato con la empresa Prepay pese a tener en su poder más de 500.000 euros de todos los burgaleses. El resto de la historia, matices al margen, se resume en que ese agujero no se tapó durante meses y en que la esperanza de poder recuperar los más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de autobuses es cada vez más pequeña. La entrada en concurso de acreedores de la firma aragonesa lo único que ha hecho es poner al descubierto errores básicos en ese contrato pero, sobretodo, incapacidad para corregirlos y reaccionar.
Algunas de las claves se describen en la cronología reciente de los acontecimientos y sin necesidad de llevarla años atrás, tal y como pretende la estrategia del Gobierno con la intención de que el reparto de culpas minimice responsabilidades políticas.
Más allá de la firma del contrato con una deuda muy elevada, que se saldaría en marzo, los documentos que obran en el expediente no arrojan precisamente un movimiento frenético en el Smyt para corregir la situación. Se podría afirmar, por la inacción, que si algo se percibe es despreocupación, ya sea por falta de medios o por cualquier otra razón, e incluso dejadez.
El concejal de Movilidad, que para exculparse ha tenido que echar la culpa a los técnicos y reconocer sin rubor que no se enteró de lo que pasaba en su servicio hasta diez meses después de tomar posesión del cargo y poco menos que por casualidad (por un hackeo que bloqueó el sistema de recargas), ha defendido estas semanas que en abril el equipo de Gobierno cogió el toro por los cuernos. ¿Es esa afirmación cierta? ¿Qué se hizo para frenar la hemorragia y para que Prepay dejara de quedarse con la recaudación de los autobuses?
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