La Audiencia Provincial de Burgos no encuentra ninguna prueba de cargo que permita sostener que los recolectores que trabajaron durante la campaña de setas de 2015 en Canicosa de la Sierra lo hicieran explotados o fueran obligados a vivir hacinados en una nave propiedad de José Antonio A.P., ni tampoco que vinieran desde Rumanía coaccionados por Cosmin L., por lo que absuelve a los dos acusados de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, por los que la Fiscalía pedía sendas penas de 8 años de prisión.
«Si bien la utilización de dicha nave, en las condiciones de hacinamiento e insalubridad reflejadas por el agente de la Guardia Civil, puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades en otros ámbitos como el administrativo-sanitario, sin embargo en esta vía penal no ha quedado acreditado que algunos de sus ocupantes hubiesen sido obligados a alojarse en dicha nave en contra de su voluntad, y no con su conocimiento y consentimiento», detalla la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia.
En la resolución de la causa ha resultado clave la declaración del testigo Petru L., sobre el que la instrucción cimentó la causa y que en la última jornada del juicio se desdijo de todo y aseguró que «fue secuestrado por un grupo de rumanos que le obligaron» a denunciar al hermano de su cuñado y al empresario micológico de Canicosa. Y no porque los magistrados tengan la «plena convicción» de cuál de las dos versiones es la veraz, sino porque no existe ninguna otra prueba de cargo que sostenga esas acusaciones.
Inicialmente, este recolector manifestó que vino a España en una furgoneta con otras 7 personas con la promesa de un contrato por unos 2.000 euros al mes y con el pasaporte retenido por Cosmin L., pero ni se ha probado que «alguno de ellos hubiese hecho el viaje en contra de su voluntad, ni tampoco que el motivo del viaje hubiese sido como consecuencia de la promesa de un contrato laboral, ni la existencia de una oferta sobre el pago de una cantidad determinada de dinero», algo que otros testigos consideran inviable, porque las ganancias por la recolección de setas oscilan mucho de un día para otro y resultaría muy arriesgado comprometer un sueldo fijo.
También declaró a la Guardia Civil -en el juicio lo negó- que era obligado a trabajar «de 5-6 de la mañana hasta por la noche que bajaban» del monte, incluidos sábados y domingos, pero lo cierto es que las jornadas variaban según los días y que regresaban a Canicosa sobre «sobre las 17.30 horas, dirigiéndose los recolectores a los compradores para la venta de lo recogido, (sin haber quedado probado que en horario de noche los recolectores temporeros hubiesen recolectado setas)», extremo que durante el juicio quedó claro que era prácticamente imposible de hacer.
Tampoco encuentra la Audiencia prueba alguna de que José Antonio A.P. y Cosmin L. tuvieran un acuerdo para que los rumanos que vinieron con él trabajasen para aquel o le vendieran a él los hongos. «No puede descartarse, como se sostiene en su defensa por los acusados, que a lo largo de todo el proceso de recolección y venta, los recolectores rumanos actuaban individualmente, (con independencia de que compartiesen gastos)» y que el acusado rumano fuese un ‘furgonetero’ más, como declaró el empresario, defendido por el abogado Fernando Vecino.
Finalmente, con referencia al antiguo aserradero en el que vivían decenas de recolectores durante la campaña, «en todo caso sin superar el número de 50» y muy lejos de los 200 que apuntó el atestado de la Guardia Civil, no queda acreditado que el propietario «percibiese cantidad de dinero alguna por ello, ni que impusiese ninguna condición a fin de asegurarse la compra de las setas de dichos recolectores» y menos que alguien les encerrase por las noches o limitase de algún modo sus movimientos. Es más, vecinos de Canicosa de la Sierra atestiguaron que algunos pasaban horas en el bar, donde cargaban los móviles, y un agente vio a varios fuera con normalidad la madrugada que acudieron a la localidad.