La denuncia de un ciudadano de origen rumano en 2015 fue clave para desmantelar lo que la Guardia Civil consideró un entramado de tráfico de personas y explotación laboral durante la recolección de setas en Canicosa de la Sierra. Agentes de la Comandancia registraron una nave en la que dormían hacinadas, sin agua y casi sin colchones, unas 200 personas que dedicaban unas 17 horas diarias a recoger hongos. Los dos presuntos responsables de este entramado se enfrentan ahora a 8 años de cárcel cada uno, pena que pide el Ministerio Fiscal en un juicio que se celebrará en noviembre en la Audiencia Provincial.
Según el relato de la acusación pública, un empresario de la zona, J.A.A.P., en colaboración con C.L., de origen rumano, se dedicaron a traer engañadas a personas del este para que trabajaran en la recolección de hongos. Al parecer, les ofrecían contratos de empleo remunerado con unos 2.000 euros al mes y la posibilidad de encontrar un alojamiento en un piso que podrían pagar con sus ganancias. El objetivo, sostiene la Fiscalía, era traer mano de obra barata sin límite de horas laborales y al margen de la ley.
Una de las víctimas, y a la postre denunciante, llegó a Canicosa de la Sierra en otoño de 2015 junto con otras nueve personas en una furgoneta que conducía C.L., quien supuestamente era el encargado de atraer a los trabajadores. Una vez allí, le alojaron en un viejo secadero de madera propiedad del otro acusado. Dentro de la nave dormían hombres, mujeres y niños en el suelo, sobre esterillas o incluso en palés. En las instalaciones no había aseos y, según el escrito del Ministerio Público, se les impedía salir al exterior por la noche porque cerraban la puerta con llave.
Cada día a las cinco de la mañana les despertaban y les llevaban en furgoneta al monte, donde permanecían recogiendo setas de forma ininterrumpida hasta las 10 o las 12 horas de la noche. No tenían ninguna jornada de descanso. Los hongos que recolectaban se los entregaban a J.A.A.P. por una cantidad de dinero que recibía el otro procesado. Éste, a su vez, pagaba a los trabajadores unos 50 euros diarios, de los cuáles descontaban cinco por el transporte y uno más que se quedaba él por cada kilo.
La defensa de J.A.A.P niega que en 2015 se pusiera de acuerdo con C.L. para organizar el entramado que describe en su escrito el Ministerio Fiscal. Asegura en su relato que la compra de setas a temporeros de origen rumano no supuso para él más que un 5% de su negocio, por lo que, recalca, para nada le interesaba montar dicha actividad criminal. Asimismo, sostiene que si dejó entrar a estos trabajadores en una nave de su propiedad fue «por mera caridad» al ver su difícil situación.