La industria burgalesa afronta estos días uno de los finales de año más complejos de los últimos tiempos. Empresarios y representantes sindicales negocian a marchas forzadas antes de las fiestas navideñas varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para afrontar el parón de actividad que parece avecinarse en los primeros meses de 2025, sobre todo en el estratégico sector de la automoción. El pobre comportamiento de las ventas de vehículos y los planes de transición al eléctrico de las grandes marcas tocan directamente a la actividad de referentes locales como Benteler, Casple, Bridgestone, Grupo Lear o Fundiciones Julcar, entre otras empresas.
Fruto de esta incertidumbre, en las últimas semanas se están negociando o se han pactado jornadas de suspensión reguladas para cerca de 2.500 trabajadores, cuya aplicación última dependerá de los altibajos de la producción que se avecinan.
Se cubre así un periodo de, al menos, tres meses, aunque hay ERTE con aplicación hasta el próximo verano y cuyo fin es acompasar la actividad de las plantas locales a la de sus principales clientes congelando -si fuese necesario- los empleos.
Hay preocupación entre los sindicatos, porque los expedientes temporales suponen tocar el desempleo de los trabajadores en un momento de gran incertidumbre industrial, con noticias sobre la ralentización de actividad de los principales fabricantes en España (Mercedes o Ford en las últimas semanas) e incluso con el cierre de plantas (de Volkswagen) en el país fabricante de referencia en Europa. «Hoy tenemos dudas de que la herramienta del ERTE sea la única solución para afrontar todo lo que se nos viene encima», reflexionan desde los despachos de la calle San Pablo, sede de los sindicatos UGT y CCOO.
La negociación más importante en este sector a nivel local se está desarrollando desde principios de diciembre en la sede de Benteler, que ha planteado un ERTE de hasta 30 días de duración por trabajador entre los meses de enero y marzo de 2025.
La multinacional alemana esgrime causas productivas para solicitar las suspensiones en su fábrica de Burgos, sobre todo por la caída generalizada de demanda que se prevé entres sus principales clientes y, según el argumentario expuesto a los sindicatos, por la entrada en vigor desde el 1 de enero de la nueva normativa europea de emisiones CAFE, que penaliza a esta industria exigiendo límites más estrictos en las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos y una reducción notable del promedio máximo de emisiones de los automóviles vendidos por cada fabricante.
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