Aunque el caso del varón fallecido junto a un pub de la calle Juan Ramón Jiménez tras una discusión en septiembre de 2023 ha sido archivado por la Audiencia Provincial de Burgos, todavía se están llevando a cabo pesquisas que guardan cierta relación con aquellos hechos. Antes de que aquel procedimiento se cerrara, el principal acusado de la muerte del hombre de 52 años denunció una agresión que parece ser una represalia por los hechos que tuvieron lugar el curso pasado. El nuevo proceso todavía se encuentra en una etapa temprana, ya que el Juzgado de Miranda no ha pasado de la fase de instrucción y el Ministerio Fiscal no ha emitido una posición al respecto, según explican a Diario de Burgos fuentes cercanas a la investigación.
El archivo de la causa inicial tuvo lugar hace poco más de un mes, pero la agresión al principal acusado de la muerte junto al pub fue bastante anterior. Las fuentes consultadas por este periódico describen que estos hechos ocurrieron en febrero, cuando este hombre se encontraba «tranquilamente tomando algo», en un bar diferente al de la calle Juan Ramón Jiménez donde se desencadenó el fatídico suceso de 2023. Sin que el varón se percatara y sin que se estableciera un cruce de palabras o discusión previa, dos personas se acercaron por la espalda y le propinaron un golpe en la cabeza, que fue tan contundente que provocó una brecha para la que se necesitaron puntos de sutura. La gravedad de la herida, según las mismas fuentes, apunta a que la agresión se consumó «con un objeto cortante o con una botella, pero no con las manos».
Esas mismas voces conocedoras de la situación añaden que, después del impacto, el hombre agredido pudo contemplar los rostros de los dos varones que le habían atacado, pero «aunque podía conocerles de vista, no sabía sus nombres ni tampoco si estaba relacionado con lo anterior». Ahora bien, según explican estas fuentes, la Policía Nacional abrió una nueva investigación ese mismo día, tras la pertinente denuncia, y comprobó todos los rastros posibles. En ese listado de pruebas clave se incluyeron «las cámaras del local», en las que se veían las caras de los sujetos que habían huido después de golpear a este individuo. Gracias a esas imágenes, los agentes pudieron constatar que, efectivamente, el caso guardaba relación con la muerte de 2023, pues los individuos eran «familia de la víctima».
La abogada del hombre que fue atacado en un establecimiento en febrero de este año, Paula Sanz, no desea entrar a valorar los últimos acontecimientos. Sin embargo, la letrada considera que en el caso anterior «se ha hecho verdaderamente justicia con el archivo, porque siempre se ha mantenido la misma versión». En concreto, recuerda que su cliente sostuvo hasta el último momento que «no había intencionalidad, no había dolo, y en ningún caso era consciente ni mucho menos quería que aquello que ocurrió desencadenara en ese fatídico resultado».
Por su parte, el auto de la Audiencia Provincial sobre el fallecimiento del varón de 52 años centró sus argumentos, sobre todo, en que los exámenes del cadáver no habían sido plenamente concluyentes. Como ya avanzó este periódico a finales de octubre, el tribunal consideraba que las dos autopsias realizadas no podían asegurar que la muerte hubiera estado provocada por una agresión, aunque al mismo tiempo tampoco lo descartaban a ciencia cierta. En este sentido, más que confirmar qué fue lo que causó el fallecimiento de aquel varón, las revisiones del cuerpo tan solo esclarecían que el golpe que recibió el fallecido no había tenido entidad suficiente como para desencadenar semejante desenlace.
El archivo de ese procedimiento inicial incluso antes de ir a juicio supuso que el suceso de 2023 se saldó sin ninguna condena, ni por lesiones, ni mucho menos por homicidio. De hecho, esa decisión puede considerarse firme, en tanto que la familia del fallecido no tiene opción de recurrirla, a diferencia de lo que ocurrió allá por el mes de abril cuando el Juzgado aceptó la petición del Ministerio Fiscal e intentó dar carpetazo al proceso, pero el abogado de la acusación particular exigió reabrirla y logró que se retomaran las pesquisas, aunque al final el tribunal volvió a enterrar el procedimiento.