La catástrofe de Valencia exige dimisiones y responsabilidades penales y políticas. Las responsabilidades penales se dilucidarán en los tribunales, seguramente demasiado tarde dada la lentitud y la falta de medios de la justicia. Las políticas, por incompetencia, por omisión, por mentir o por la mala gestión, deberían ser efectivas más pronto que tarde. No ya por la indignación de las víctimas de la tragedia ni tampoco por la masiva manifestación del sábado, sino por la decencia y dignidad de los políticos. Si demuestran que las tienen.

La primera dimisión es, sin duda la del presidente de la Generalitat Carlos Mazón por su incompetencia al abordar la tragedia, sus errores, negligencias, mentiras y ocultación de hechos. Esa dimisión debería ser efectiva en el momento en que los territorios anegados recuperen una mínima normalidad. La reconstrucción debería ser pilotada por otro presidente. A Mazón le deben acompañar, al menos, la consejera de Interior y Justicia, responsable de Emergencias, por desconocer cuestiones básicas y ser incapaz de actuar ante la ausencia de Mazón, y la de Turismo, por su desprecio a los familiares de los fallecidos. Y, cuando se determine lo que pasó, también los responsables técnicos si no actuaron con la diligencia debida, desde la propia Generalitat valenciana a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pero las responsabilidades no deben quedarse sólo en Valencia. El Gobierno de la nación es también en todo momento Gobierno en Valencia y en Castilla La Mancha -donde también hubo muertos- si se trata de una emergencia nacional. Y lo era. Y lo sabían. Y lo dijeron. El presidente Sánchez, inhabilitado por su huida de Paiporta dejando a los Reyes en una situación potencialmente peligrosa, no se puede escudar en que se lo tenían que pedir y en que así funciona la cogobernanza. La pasividad y la imprudencia no es sólo achacable a los gobernantes valencianos, también al Gobierno de la nación. Una emergencia de tal magnitud exigía la comunicación permanente con el presidente Mazón, la declaración de emergencia nacional y, de acuerdo con lo que dice la ley, que el ministro de Interior asumiera la dirección única o compartida con el responsable valenciano. Incluso sin esa declaración, la ley permite actuar. Y era necesario. No se hizo y eso retrasó gravemente la acción coordinada de todas las fuerzas.

Junto al presidente del Gobierno debería asumir responsabilidades políticas -entre ellas la dimisión- el ministro del Interior que no asumió el mando de las operaciones y que ni siquiera se trasladó a Valencia para, desde el lugar de la tragedia, ayudar a reducir sus efectos. De la misma manera, la ministra de Defensa, que debió ser activa en la presencia del Ejército, y la ministra de Transición Ecológica, con la cabeza puesta en Europa en lugar de tenerla en Valencia. Sólo el ministro de Transportes, el incomparable Óscar Puente, ha estado ocupado en lo que le tocaba: tratar de arreglar cuanto antes las comunicaciones por carretera y ferrocarril. Y sin echar leña al fuego, como en él es habitual. La actuación de la delegada del Gobierno parece no estar marcada negativamente.

Responsabilidades habría que pedir a los gobernantes que, conociendo los riesgos, y habiendo aprobado hace quince años leyes para paliarlos, no hicieron nada. A quienes debían haber tomado medidas de prevención y no lo hicieron. Y a esos ecologistas de salón que se oponían a algunas medidas "para proteger la flora y la fauna". Y a los ayuntamientos que permitieron construir donde el riesgo de inundaciones era evidente. Seguramente se podían haber evitado muertes si todos hubieran sido rigurosos y efectivos en sus obligaciones. No lo hicieron. Todos deben asumir sus responsabilidades. También diputados como Patxi López, para el cual lo único importante era aprobar una ley para controlar RTVE, o Aina Vidal, que no está en el Congreso "para achicar agua en Valencia". Todos conocían el riesgo grave, todos fueron pasivos, todos fueron imprudentes, todos miraron para otro lado. Todos son responsables.