Para seguir avanzando en la tramitación urbanística para desarrollar el suelo del Centro de Actividades Económicas (CAE) es necesario que la Junta de Castilla y León emita un informe medioambiental sobre la modificación del PGOU que ha impulsado el Ayuntamiento. El siguiente paso que debe dar el Consistorio es aprobar en Pleno municipal -tras su paso por la Gerencia de Urbanismo- de manera inicial ese cambio del Plan General de Ordenación Urbana. Pero antes la Consejería de Medio Ambiente debe hacer un dictamen sobre el mismo. Juan Manuel Manso, concejal de Urbanismo, recuerda que la Corporación envió en mayo al Gobierno regional toda la documentación para que realice su pronunciamiento, pero admite que «no ha pasado el tiempo suficiente para que la Junta emita un juicio al respecto». De manera que el edil del PP ignora cuándo se podrá llevar a Pleno esa modificación puntual del planeamiento.
De los 4 millones previstos en ese ámbito serán objeto de modificación 3,16 millones, pero en una primera fase se desarrollarán 121 hectáreas, la situadas en un sector llamado S-40, delimitado por la BU-30, la N-120 y la pista de Villafría.
La recalificación de los terrenos -de rústico a uso industrial y logístico- afectará a esas 316 hectáreas, con el propósito de asegurar a largo plazo una reserva de suelo para garantizar el crecimiento empresarial de la ciudad. Pero en una fase inicial 'solo' se desarrollarán para su posterior urbanización 121 hectáreas, en un sector que está separado del polígono Burgos Este tan solo por la BU-30. Es decir, esa parte del CAE será la continuación natural del complejo empresarial de Gamonal, La Ventilla, Villayuda y Villímar.
Para que los lectores se hagan una idea esas 121 hectáreas representan una superficie superior a la que ocupa la tercera ampliación de Villalonquéjar, una bolsa de suelo que, al ritmo actual de instalación de empresas en la ciudad, se agotaría en entre 10 y 15 años, según indica la misma fuente. Cuando esos terrenos ya estén al 20% o al 30% de ocupación es cuando «empezaría a desarrollarse el sector denominado S-41 -en un área de 180 hectáreas- que linda con la pista del aeropuerto, la N-120 y el ramal ferroviario que está construyendo Kronospan en la actualidad y que hace de frontera con el futuro parque tecnológico.
La modificación del Plan General va acompañada de una ordenación detallada de las conexiones y grandes viales que organizarán el tráfico en el complejo y de la edificabilidad en las distintas parcelas, extremos estos que serán objeto del proyecto de actuación que empezará a elaborarse para ganar tiempo. Del mismo modo habrá que preparar un plan de expropiaciones de parcelas a los propietarios del suelo.
Una buena parte del sector -el más próximo a la BU-30 y a la pista- está dividido en parcelas de gran extensión, de entre 100.000 y 200.000 metros cuadrados, concebidas para la instalación de grandes industrias o grandes operadores logísticos. Si esas grandes fábricas no llegan ese suelo siempre se puede ir segregando y troceando para que se asienten empresas de menor tamaño. En la parte más cercana a la N-120 y, por tanto, a Castañares, los terrenos están destinados a otros negocios, con una mezcla de uso terciario (comercial) y para naves nido, como un segundo Pentasa.
Entre las bolsas de suelo industrial y la carretera de Logroño también se habilitarán unas grandes zonas verdes de amortiguamiento y un gran aparcamiento de camiones justo en la esquina que forma la circunvalación de Burgos y la N-120.