En 2017, cuando el Gobierno acordó la clausura definitiva de Santa María de Garoña, el Ayuntamiento del Valle de Tobalina mantuvo los ingresos habituales por el impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la planta nuclear y cobró un total de 1,2 millones por ambos. Pero en 2019 estos dos conceptos cayeron en picado a 385.649 euros y la merma de ingresos acumulada desde entonces se sitúa en 5 millones. Para que los vecinos conozcan de primera mano las claves de lo que ocurre, el alcalde, Jesús Ángel López de Mendoza celebró el viernes una asamblea vecinal.
«Quiero que los vecinos sepan que ahora mismo el Ayuntamiento es inviable y la situación va a ir empeorando», lamentó López de Mendoza poco antes del encuentro vecinal. El informe de los técnicos municipales habla de una «situación de difícil viabilidad económica». Ello llevará a realizar recortes aún sin definir y antes de que se materialicen, quiso explicar los motivos a los tobalineses.
El último varapalo que el Ayuntamiento recibió fue la sentencia del pasado mes de diciembre, dada a conocer por DB, en la que se cerraba toda posibilidad de cobrar por las licencias de obra del desmantelamiento de la planta nuclear. El grupo de gobierno decía adiós a 10 millones de euros, según sus cálculos, la última posibilidad de mantener a flote el gasto en personal, bienes corrientes y transferencias corrientes que se sitúa en una media de 2,7 millones anuales.
El pasado martes, el alcalde del Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza, viajó a Madrid para volver a luchar por mantener los ingresos que la central nuclear ha procurado durante décadas al Ayuntamiento, pero no lo logró. Se reunió con la directora del Instituto para la Transición Justa, JudithCarreras, y el director general de Planificación y Coordinación Energética, Víctor Marcos. Pero ambos coincidieron en que el cobro de las licencias de obras es imposible. El alcalde también persigue que los 447.000 euros anuales vía convenio con los que Enresa compensará la pérdida del impuesto sobre las obras, se pueda dedicar a gastos corrientes, como personal o facturas de todo tipo, y no solo a proyectos de interés general.
Los casi 3 millones de ahorros de las arcas municipales se han gastado en esta década
Esta exigencia conlleva que el dinero ha de ir a inversiones que generen empleo, lo que impide incluso gastar los fondos en pavimentaciones, servicios de agua y alumbrado o servicios básicos. En este punto, López de Mendoza se fue con el compromiso de que «el cambio de los fines de los convenios se va a tratar entre el Ministerio y Enresa».
Sin plan B. La caída de ingresos por los impuestos municipales que abonaba Nuclenor ha llevado a ir gastando progresivamente los casi 3 millones de ahorro o remanente de tesorería que había en el Ayuntamiento. López de Mendoza asegura que en sus casi dos años de mandato solo ha tocado 90.000 euros de esa cantidad. En 2018, cuando estaba en la oposición, el ahora regidor le preguntaba en un pleno a la entonces alcaldesa y ahora socia de gobierno, Raquel González, cual era su plan ante la caída de ingresos por Garoña y admitía que no lo tenía.
La caída de los ingresos por impuestos de Garoña ha venido dada por la revisión del valor catastral de la central, que bajó de 65,5 millones a 29,6 en 2019 y en 2024 ha vuelto a reducirse a 15,5 millones. Ello ha implicado que el BICES, un impuesto que se calcula en función del valor catastral de las propiedades, disminuyera de los 857.300 euros en 2017 a los 201.600 el pasado año. Además de ello, los casi 400.000 euros del IAE que Tobalina venía ingresando cayeron en 2019 a una cifra simbólica de 304 euros ante la ausencia de toda actividad en la planta nuclear. Así permaneció durante cuatro años hasta que en 2023 con el comienzo de los trabajos del desmantelamiento, el IAE supuso unos ingresos de 53.500 euros que en 2024 han subido a 107.000.