Es su casa de toda la vida, en la que lleva residiendo desde hace 40 años, en la que crio a sus tres hijas, en la que ahora habita con sus dos gatos, ya sola. Es su hogar, en tres palabras. Y está a punto de perderlo. El Ministerio de Defensa la lleva advirtiendo desde hace un año que la va a desahuciar, pero la presentación de un recurso detrás de otro está postergando un final que tanto Rosa Santo Tomás como su hija Angélica temen que está más cerca. Y sería «un drama y una injusticia», lamenta esta última. 

Como todas las historias, incluso las que se tuercen en el camino, tienen un principio. Rosa (84 años) se casó en los 70 con un militar en Valladolid, su ciudad natal. Pero muy pronto se mudaría a Burgos, donde su marido estaba destinado. Empezaron viviendo en un piso en propiedad en la barriada de Juan XXIII, en Gamonal, pero en 1984 la familia se trasladó al centro, en concreto a las viviendas que el Ejército tenía en la avenida general Sanjurjo en aquella época, ahora avenida del Arlanzón. Le venía mejor al matrimonio porque el piso se hallaba en una zona más cercana al colegio donde estudiaban las hijas.

Vendieron la casa de Gamonal, hicieron la mudanza y tomaron posesión de la casa, en el número 29 de la avenida del Arlanzón, por la que pagaban un alquiler mensual. Pasaron los años y la pareja se rompió, en concreto en el año 2006. Se separaron, no llegaron a divorciarse. La sentencia del juzgado de primera instancia número 5 atribuyó el uso de la vivienda militar a María Rosa, mientras a su esposo -ya exesposo- se le instaba a ocupar una casa que poseían en un pueblo cercano a Burgos. 

Llevo aquí una vida y ahora no pueden echarme; las consultas de los médicos están todas por aquí»

Y así quedó la cosa. Las hijas hicieron su vida y la mujer empezó a vivir sola en el piso militar. Era ella, con la pensión compensatoria que le pasaba su ex, quien se hacía cargo de pagar la renta y todas las facturas. Ningún problema. Hasta que llegó el año 2018 y quien había sido su  marido fallecía. En ese momento, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), le envía la primera misiva para advertirle de que el contrato de alquiler estaba a nombre de su marido. Un año más tarde su hija Angélica solicitó la subrogación del contrato a nombre de su madre, pero el Ministerio rechazó la demanda, «por no encontrarse entre los posibles beneficiarios» que impone la Ley, que establece que estas viviendas «atienden las necesidades de movilidad geográfica del personal militar y no la necesidad genérica de vivienda civil».

Lo cierto es que Defensa se olvidó del asunto durante cuatro años. Pero en 2023 el Invied volvió a la carga. Y hasta ahora ha enviado varios requerimientos a María Rosa para que abandone la casa, al punto de que en mayo incoó expediente administrativo de desahucio, que no se ha llevado a cabo porque la defensa de esta mujer ha recurrido en varias ocasiones. Por el momento, por la vía administrativa. El principal argumento legal que esgrime su abogada en las alegaciones es que su casa «no va a atender la necesidad de ningún militar», porque «Defensa la va a vender, como ha hecho con el resto de pisos -menos uno- de todo el bloque», explica su hija Angélica. 

Cada carta que llega del Invied le quita años de vida a mi madre; no hay derecho»

Pero al margen de los razonamientos de tipo jurídico hay otros de índole moral quizá más relevantes. Es la propia Angélica quien los describe. En su opinión «no hay derecho a que Defensa trate de echar de su casa a una mujer que se ha ocupado de ella tanto cuando vivía con su marido como cuando se separó de él: ella la pagaba, ella se hacía cargo de las facturas y ella hacía los arreglos», explica. Además, considera que se trata de una «decisión con un punto machista, porque el hecho de que fuera el marido el militar y quien tenía el derecho primigenio a disfrutar del piso no quiere decir que su mujer no posea el mismo derecho». 

Todo este proceso, por ahora circunscrito a la vía administrativa, está «quitando años de vida» a María Rosa, «porque con cada papel que llega se lleva un disgusto». Angélica reconoce que si desahucian a su madre, ésta no se va a quedar en la calle, porque para darle un techo está ella y sus hermanas. «Pero es que esta es su casa de toda la vida, el barrio de siempre, donde tiene a los médicos a los que tiene que ir a menudo por diferentes dolencias», indica. «Es que yo aquí no estoy gratis, pago todo», añade la madre.

Es machista que le quiten la casa a una mujer al morir su marido militar; también es su casa»

Defensa tampoco ha acogido con buenos ojos otra de las soluciones que plantean madre e hija: que el Invied ponga a su disposición otra vivienda en la capital y con parecida renta, porque María Rosa «no puede permitirse pagar 600 euros al mes». Angélica espera que los responsables ministeriales entren en razón en los próximos días y se den cuenta de que el desahucio de esta mujer «constituye un atropello a los derechos de las personas mayores, que además se sienten indefensas». «Parece mentira que una Administración Pública se porte así», zanja.