El presidente del PP de Burgos, César Rico, ha pedido este jueves la "inmediata dimisión" del concejal de Nuevas Tecnologías (NN.TT) del Ayuntamiento de la capital burgalesa, Eduardo Villanueva, por su conducta "reprochable" y "desviada" después de que se recibiese una factura de teléfono móvil por importe de 207.000 euros.
"Dudamos de que su actuación se haya limitado para lo que fue designado", ha aseverado Rico en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que su actuación ha sido "desmesurada" e "inapropiada".
En este sentido, ha señalado que la Dirección del PP de Burgos ha esperado a conocer el devenir de los acontecimientos para pronunciarse al respecto pero que, tras conocer los datos del informe municipal acerca del consumo y facturación de la tarjeta de datos y las explicaciones "no convincentes" del edil, se ha acordado solicitar su dimisión porque se entiende que "no es el ejemplo que exige la sociedad" y su actitud ha supuesto el "descrédito" del PP.
Al respecto, ha explicado que se ha instado al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a que destituya al concejal de todas sus responsabilidades municipales y se le separe del Grupo Municipal Popular, en el caso de que no presente su dimisión, además de suprimir su dedicación exclusiva.
Ante la posibilidad de que el edil hubiese utilizado su tarjeta de datos y duplicados de ésta para fines partidistas, ha asegurado que "no tenía instrucciones" del PP para tal finalidad, a la vez que ha insistido en que el elevado consumo de su terminal se ha prolongado en el tiempo, más allá de periodos electoralistas.
En cuanto a su posible expulsión del partido, ha señalado que no se descarta en función de lo contemplado en los estatutos de la organización, aunque "lo primero es la sociedad" y, con posterioridad, se decidirá si expulsarlo.
Cabe recordar que los hechos se remontan al periodo comprendido entre abril y mayo de 2011, cuando el Ayuntamiento de Burgos recibió una factura del terminal de datos del edil por valor de 207.000 euros, que finalmente se redujo a 128.000 euros.
El informe municipal elaborado para esclarecer los hechos refleja cómo la factura, sobre la que existía un decreto firmado por el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, para que no se firmase, se incluyó dentro del paquete adherido al Plan Montoro.
Aunque existe una contrafactura de la compañía telefónica al respecto, el informe determina que el elevado consumo de datos existió, mientras que Tesorería no tiene constancia del reintegro de la cantidad abonada, achacada a un error en la aplicación de la tarifa plana.