La variante de la Nacional 234 a su paso por Salas de los Infantes necesita 6,5 millones de euros para volverse a construir prácticamente de cero, una obra pendiente desde hace varios años que no encuentra hueco en el presupuesto del Ministerio de Transportes. En su lugar, la Demarcación de Carreteras se ha hinchado a poner señales para limitar la velocidad, y descargar la posible responsabilidad de un siniestro en los conductores, y ahora ha conseguido 48.279 euros para un nuevo parcheo.
Eso sí, ni siquiera se van a destinar íntegramente a este tramo de la carretera de Soria, sino que los usuarios tendrán que solidarizarse y compartirlo con sufridores de otros baches, concretamente los existentes a la altura de Navas del Pinar y de la intersección con la BU-925, que lleva a Huerta de Rey.
Antes de que termine el año, si no se pone a nevar, la empresa Conservación de Viales debe completar la actuación en los kilómetros 415, 424 y 438 de la N-234, según el contrato menor formalizado el 24 de noviembre, con un mes de plazo.
A principios de 2023, el Ministerio aseguraba que se encontraba muy avanzado el proyecto para ofrecer una «solución integral y definitiva» a los problemas que prácticamente desde su inauguración, en 2007, sufre la variante de Salas, y que pasa por diseñar «un nuevo sistema de drenaje subterráneo y superficial, que garantice la salida del agua a fin de evitar la aparición de irregularidades y deformaciones», además de cambiar todo el asfalto.
Nada se sabe del estado de este proyecto ni de los planes de licitación del Ministerio, como tampoco de la Junta de Castilla y León, que tampoco cumple su compromiso de ejecutar la otra variante, la de la CL-117, y eliminar el tráfico de camiones del centro de Salas de los Infantes, que además padece un grave problema de aparcamiento al que los sucesivos equipos de gobierno municipales no han dado solución.
En el último Pleno los grupos políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para consensuar una moción que urja a la Consejería de Movilidad esta obra, cuyo presupuesto ronda los 10 millones, según las últimas estimaciones oficiales facilitadas a este periódico.
La Dirección General de Carreteras recibió en agosto del año pasado el proyecto y requirió varias correcciones a la consultora encargada de su actualización después de que se dejara caducar la declaración de impacto ambiental. Aunque apuntó la posibilidad de licitar las obras este mismo año, nada se ha sabido aún desde la publicación en mayo de la relación de afectados por las expropiaciones para que pudieran alegar.