El miedo vuelve a instalarse en los mercados financieros con un patrón que resulta familiar: una entidad no muy conocida, Silicon Valley Bank, quiebra y extiende el temor a millones de inversores bancarios que, en tromba, buscan refugio poniendo en dificultades a otras compañías. Desde el ámbito político se suceden las llamadas a la tranquilidad y se ofrecen garantías acerca de la salud de todo el sistema, mientras los bancos centrales comienzan a reaccionar, lo que no impide que las bolsas caigan y los bonos se revaloricen.

Hasta el momento, los analistas consideran que la crisis tendrá un impacto limitado porque afecta a una parte minoritaria del sistema bancario en Estados Unidos. Sin embargo, como hace más de una década, la incertidumbre y las suspicacias se han instalado en todo el sector y se da por seguro que el problema afectará de alguna manera a la economía real ya que obligará a los bancos centrales a replantearse sus políticas de aumento de tipos de interés para controlar la inflación, demorando en el tiempo la contención de precios. Además, es previsible que se endurezca la financiación de empresas tecnológicas y startups -principales clientes de los bancos quebrados- y con ella el desarrollo de un sector fundamental para el desarrollo económico.

Aún con cautela y pese al aroma al crac financiero de 2008, los componentes de ambas crisis son muy diferentes. Hace 15 años, el problema se generó por la falta de solvencia de buena parte del sistema, que no fue capaz de hacer frente a los impagados, mientras que en la actualidad el colapso tiene que ver más con una falta puntual de liquidez ante un movimiento de sus clientes que obligó a devaluar inversiones. Si entonces, los gobiernos intentaron proteger tanto a los clientes -a través de los fondos de garantías de depósitos- como a los inversores, mediante los famosos rescates, en esta ocasión el auxilio sólo alcanzará a los primeros.

Ante este escenario, la situación del sistema financiero español parece lejos de estar comprometida, entre otras cosas por el refuerzo de solvencia y liquidez al que se vieron obligados tras la crisis de 2012. Pese a ello, no es descartable que reaccionen fortaleciendo aún más sus fondos de reserva, encareciendo de este modo el crédito en un momento en el que el Gobierno castiga también al sector con impuestos extraordinarios. Corresponde al poder político la vigilancia para que un problema ocurrido en unos bancos regionales de Estados Unidos no termine estrangulando el desarrollo empresarial y las economías familias y, en su caso, actuar en consecuencia. También los bancos centrales deberán modular sus políticas de subidas de tipo de interés para acompasarlas a la situación económica real, mientras las autoridades tienen en su mano acompañar la lucha contra la inflación alentando una mayor competencia en la economía, medidas más eficaces en términos estructurales que los topes en las variables económicas, aunque con menos capacidad de crear ilusiones electoralistas.