Solo el año pasado, la Policía Local llegó a tramitar casi 57.000 denuncias por infracciones de tráfico. Sin embargo, habrá quien no pagará su castigo. Y no porque se niegue a hacerlo, sino porque el Ayuntamiento ha tenido que reconocer que los procedimientos iniciados han prescrito y, por tanto, no recaudará cantidad alguna.

El pasado 11 de octubre, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, se vio obligado a admitir la existencia de multas de tráfico de la Policía Local que estaban caducando y achacó este problema a la «falta de personal» y a la «herencia recibida» del pasado mandato. Con más o menos medios humanos, lo cierto es que los expedientes no llegan a buen término porque hay verdaderos problemas para notificar a algunos conductores, porque en ocasiones el infractor reside fuera del municipio, porque tiene varias viviendas y no se identifica correctamente la habitual o sencillamente por errores humanos...

Aunque es difícil saber con precisión cuántos expedientes se anulan, las fuentes consultadas por este periódico detallan que en los últimos meses se han anulado alrededor de medio millar de multas cuyas denuncias se pusieron a lo largo del año 2023 y en las que el procedimiento ha prescrito.

Cualquier error en la tramitación es fatal en este tipo de denuncias, ya que las infracciones leves prescriben a los tres meses y las graves o muy graves lo hacen a los seis.  El Ayuntamiento habría dejado de ingresar más de 41.000 euros por estos procedimientos que no han culminado su tramitación.

No son los únicos expedientes sancionadores que no acaban su recorrido, ya que prácticamente todos  los meses se archivan decenas de expedientes «por existir errores en la matrícula, errores de hecho, incidencias informáticas u otros motivos» que obligan a la Policía Administrativa a desistir del procedimiento. En ocasiones se llega incluso al centenar de denuncias anuladas en un mes. También por aquí el Ayuntamiento deja de recaudar decenas de miles de euros cada año.

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