El sindicato de enseñanza ANPE acaba de publicar su informe sobre la situación de los docentes en los centros educativos correspondiente al curso pasado, partiendo de los datos extraídos del Defensor del Profesor, un servicio al que acuden los profesionales del ámbito educativo cuando requieren ayuda para resolver problemáticas relacionadas con el alumnado, equipos directivos y resto de personal, y familias. Es este último colectivo el que vuelve a protagonizar la mayoría de los casos, lo que refuerza una situación que ya se detectó en el ejercicio lectivo 2022-2023 al superar por primer vez en número a los que provenían de los estudiantes.

«Se están produciendo un incremento creciente de los conflictos con los padres», advierte la responsable autonómica de este servicio, María José Martín, al tiempo que traduce esta preocupación a datos al representar casi un 57,3% de todas las situaciones abordadas en la región durante el pasado periodo escolar y al haberse incrementado un 70% en comparación con el anterior. Traducido a valores absolutos, se trata de 51 casos, frente a los 30 de hace un año, a los que se añaden otro 22 procedentes de los alumnos, que no han subido, y 19 con otros trabajadores o direcciones de centros(3 menos). En su conjunto, se registra un aumento del 25,3% al pasar de 71 a 89.

El mismo crecimiento de esta conflictividad se produce en la provincia de Burgos, donde el curso pasado acudieron a este servicio 10 docentes, dos más que en el informe de 2023. El sindicato prefiere no detallar la tipología de cada situación para preservar la identidad de los afectados, si bien considera que se puede extrapolar a cada uno de los territorios la tendencia dada a nivel autonómico. En este sentido y en referencia a los problemas con los padres, precisa que estos tienen que ver con falsas acusaciones, situaciones de acoso o ciberacoso, amenazas, presiones por las notas, denuncias y agresiones.

«Sabemos que hay muchos más casos de los que nos llegan a nosotros», subraya Martín respecto al hecho de que quienes acuden a este servicio se encuentran ya en una situación límite, al tiempo que se detiene en los motivos que pueden explicar esa creciente problemática. Entre ellos, alude a una «pérdida notable» de la autoridad del profesor, que comienza por el alumno pero que luego se extiende a las familias. Y a esta explicación añade una segunda. «Al final, la escuela es un reflejo de la sociedad y el curso pasado coincidió con un año muy convulso», apostilla.

La mayoría de las intervenciones corresponden a la etapa de Secundaria y la tipología de los conflictos con las familias se repite cuando estos se producen con el estudiantado. El sindicato sostiene que una de sus principales preocupaciones pasa por el cuidado de la salud mental del profesorado, teniendo en cuenta que fruto de sus actuaciones se ha constatado que el 77,5% de los docentes presenta problemas de ansiedad, el 5% procesos depresivos y un 18% ha requerido de baja laboral médica.