Las últimas normativas estatales sobre la nueva regulación de las prácticas del alumnado están suponiendo un quebradero de cabeza para las universidades, que piden moratorias en su aplicación a los ministerios responsables. La UBU no es una excepción y mira con incertidumbre a la fecha más cercana, el 1 de octubre, cuando entrará en vigor la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes que estén realizando este tipo de formación, ya sea obligatoria o voluntaria. Los mayores problemas que ve la institución académica no pasan precisamente por la predisposición de las grandes empresas para asumir esa cuota, favorable en la mayoría de los casos, sino por la postura silenciosa de las administraciones, teniendo en cuenta que el grueso de estudiantes que deben cursarla para poder titular se encuentra en áreas como Sanidad y Educación.
El Vicerrectorado de Relaciones con la empresa ya ha calculado dicho coste, que asciende a 310.000 euros al año, una cantidad que resulta «inasumible» para la institución académica, por lo que exige en este caso a la Junta, competente en ambas materias, que asuma dicha cuantía o que incremente la financiación al campus para poder sufragarla. Su responsable, Gonzalo Salazar, explica que dicho montante parte del número de becarios del curso pasado. En su conjunto asciende a 1.700, si bien 300 corresponden a prácticas extracurriculares, buena parte de los cuales se realizan en empresas, siendo las grandes las que ofertan ayuda económica y, por tanto, garantizan el alta a la Seguridad Social.
En cuanto al resto, que representan más del 80% del total, se trata de estudiantes de Enfermería (333), Educación (683), Terapia Ocupacional (120) y el máster de Acceso a la Abogacía (231). La bonificación establecida por el Gobierno es del 95%, de tal forma que la cuota máxima mensual es de 53,59 euros por contingencias comunes y de 6,61 euros por profesionales. Con estos datos y calculando un periodo de prácticas de dos meses y medio por alumno, que en el caso de las sanitarias es aún mayor, la suma alcanza los 210.000 euros al año, a lo que Salazar añade otros 100.000 derivados de la contratación de personal, entre tres y cuatro, para la gestión de los procesos de altas y bajas.
Pymes y tercer sector. Respecto a la formación que no está vinculada directamente a la administración, el responsable académico avanza un próxima reunión con pymes para alcanzar un acuerdo e intentar «convencerlas de que supone una inversión a futuro por cuanto se trata de una vía para crear cantera y retener el talento», ya que es este colectivo el que puede presentar una mayor dificultad para asumir ese coste y podrían caerse del catálogo de convenios actualmente en vigor. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, explica que se está estudiando la fórmula para asumir la medida.
La UBU, a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha mantenido varias reuniones con la cartera del ramo, dirigida por Joan Subirats, sin que se haya conseguido encontrar una solución debido a que la decisión no ha partido de este ministerio sino del de Seguridad Social. De igual forma, la institución académica local solicitó hace más de un mes un encuentro con la Consejería de Educación que, según expone Salazar, no ha remitido ninguna respuesta
Lo último que se ha conocido al respecto data de ayer mismo, cuando la CRUE remitió un escrito al Ministerio de Universidades, al que se ha adherido la de Burgos, para mostrar su «preocupación» por esa casi inminente entrada en vigor de la norma ( Real Decreto 2/2023 del 16 de marzo). «Las universidades nos estamos viendo abocadas a asumir esa cotización con el fin de garantizar que los estudiantes puedan graduarse», señala, argumentando en este mismo sentido que el 60% de las prácticas se desarrollan en entidades públicas y alertando de que estas «están solicitando la incorporación de adendas en los convenios que especifican que son las instituciones académicas las responsables de la gestión y el gasto correspondiente». Los rectores expresan su temor a que las empresas se sumen a esta petición y exigen asignaciones extra en sus presupuestos, además de reivindicar una moratoria de un para aplicación debido al procedimiento que conlleva y a hecho de «no haber recibido comunicaciones ni instrucciones desde su ministerio».
En línea con el resto de las opiniones de responsables académicos, Salazar subraya que las prácticas curriculares «son un periodo formativo como otro cualquier que se traduce en número de créditos» y las considera «fundamentales para el desarrollo profesional del estudiante». En cuanto a la idoneidad o no de la medida, prefiere no entrar a valorarla al enmarcarla «dentro de una cuestión política».