Solo 1.330 kilómetros separan a Burgos de Bruselas, poco más que la distancia existente entre La Coruña y Almería. Sin embargo, a las puertas de la convocatoria electoral del 9-J muchos ciudadanos entienden que las políticas europeas centralizadas en la capital belga quedan demasiado lejos. 

Quizá por ello la participación en este tipo de convocatoria es baja en términos generales, pero la provincia asiste con atención y cautela a lo que pueda ocurrir en el próximo ciclo del concierto internacional en un clima de alta tensión política y también bélica.

Aquello que se decida en Europa repercutirá en la vida cotidiana, ya sea por cuestiones estratégicas, sociales o económicas. Inmersos en una campaña enmarañada en la batalla ideolológica, Burgos pone el foco en dos cuestiones fundamentales para su futuro y para el desarrollo de los proyectos previstos: las infraestructuras y la financiación.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alumbraron en diciembre de 2023, aún de manera todavía provisional, la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que deja fuera a Burgos de los nodos básicos del Corredor Atlántico. Un paso que agrava la situación de un territorio que aún reivindica la apertura del Tren Directo y que ve cómo la propuesta del nuevo Santander-Mediterráneo solo hace parada en Miranda de Ebro.

¿Se está a tiempo de reconducir esta circunstancia? ¿Realmente se puede revertir la situación en Europa y conseguir que Burgos forme parte de los principales ejes logísticos del futuro? Parece muy complicado dar la vuelta a la tortilla llegados a este punto.

Juan Carlos Aparicio, quien fuera alcalde de Burgos por el PP y ministro de Trabajo, subraya que la queja de la capital «es más que razonable por la marginación que está sufriendo» y ve opciones de cambiar esta realidad tras la convocatoria electoral.

Por su parte, Octavio Granado considera que alimentar la esperanza en esta materia es «jugar con las ilusiones de la gente». Quien fuera secretario de Estado de la Seguridad Social, diputado y senador por el PSOE, asegura que la capacidad de actuación es «muy reducida» atendiendo a las reglas de la política continental.  

«Europa define un plan de vías ferroviarias y cada Gobierno hace su propuesta, pero luego esto pasa por la Comisión para su aprobación. Para que el Parlamento tenga una importancia decisiva se necesita una modificación del Tratado de Maastricht porque es la Comisión la que administra los asuntos ejecutivos o de inversión», aclara. 

A la espera de que las posibles reivindicaciones puedan alterar en mayor o medida el complicado escenario logístico, hay otras cuestiones que también afectarán de lleno al territorio burgalés y tienen que ver con la financiación.

Las ayudas europeas han existido desde hace décadas, como recuerda Aparicio con los planes Civitas que impulsaron los primeros planes de peatonalización en Burgos. Sin embargo, queda por concretar el futuro de los programas Next Generation, un 'instrumento excepcional de recuperación temporal' impulsado en 2020 para contrarrestar el impacto negativo de la crisis sanitaria.

Si bien Granado subraya que la industria burgalesa ya «se ha adaptado a los cambios de los tiempos y a las directrices europeas», Aparicio apunta que el tejido empresarial «tiene como principal referencia a Europa y de ahí la importancia de mantener mercados integrados en lo social, lo laboral y lo económico».

¿Y la agricultura? «Que Europa dejara de apostar por la austeridad financiera de 2008 nos vino bien a los países mediterráneos. La única forma de unirnos es que los más ricos ayuden a los menos ricos, pero el debate hoy ha cambiado. ¿Habrá que seguir dando tantas ayudas a la agricultura o podemos conseguir a través de esas ayudas que el campo se desarrolle con políticas medioambientales?», plantea Granado. «Hay quien defiende mantener el gasóleo, los pesticidas y la PAC y el sector más conservador apuesta porque la política agraria común sea nacional, algo que nos vendría fatal», expone.

Aparicio, quien recuerda que Burgos aún «mantiene una importancia estratégica y militar» ante un escenario tan complejo como el actual, recuerda la delicada situación del campo español demostrada en sus recientes protestas. «Somos una provincia industrial con una importancia agrícola tremenda. Es el momento de decidir si se apuesta por políticas realmente agrarias o por un medioambientalismo discutible en su ejecución», indica.