El programa del 8 de marzo de la Universidad de Burgos arrancó ayer abordando los derechos y retos de la agenda feminista. La psicóloga jurídica y forense, docente e investigadora en la Universidad de Vigo, Laura Redondo, debatió sobre estos temas a través de internet. Con la experta en violencia contra las mujeres y niñas charlamos antes de su conexión a la red tratando aspectos como los protocolos de evaluación científica para llevar estos casos a los juzgados o la polémica Ley Trans que defiende el Ministerio de Igualdad con la postura en contra de las asociaciones feministas.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la lucha para frenar la violencia contra las mujeres y niñas?
Aún falta sensibilizar a la población sobre cómo vivimos las mujeres las violencias físicas, sexuales, psicológicas, emocionales, económicas, de control y miedo, etc. En la última macro encuesta del año pasado se decía que en España 6.605.825 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Un número aterrador. Así que en la agenda feminista y, obviamente en la de los profesionales, está trabajar para evitar que siga ocurriendo.

Usted es experta en conducta humana. ¿La violencia que supone el ejercicio de control, por ejemplo, cómo se evalúa científicamente?
A través de una pericial psicológica forense. Está claro que es más sutil y por lo tanto difícil de detectar, pero se puede evaluar. 

¿Qué parámetros existen?
En mi tesis doctoral desarrollo un protocolo de evaluación psicoforense para poder probar en los juzgados que esas mujeres han vivido la violencia que denuncian. Tiene, además, mucha fiabilidad y validez pero no se ha impuesto en la Administración de manera conjunta y ni siquiera se ha evaluado como especialidad la psicología jurídica y forense. Y esto es una necesidad social. Lo que hacemos es una evaluación tanto del testimonio como del daño causado mediante técnicas jurídico-forenses. Y las pruebas que realizamos son muy fiables. Lo que ocurre es que no tenemos especialización a nivel estatal y quienes realizan las pruebas periciales no utilizan este protocolo. Por eso es una de las grandes demandas que desde nuestra profesión hacemos.

¿Con ese protocolo se acabaría con el debate de las denuncias falsas y las manipulaciones de datos?
Exacto. Lo que hemos hecho es una investigación sobre las víctimas y a partir de ahí se han sacado unos criterios de evaluación. Estos criterios no son accesibles a la mentira. Así que si usamos un protocolo que no permite la manipulación ni la mentira, solo podemos validar como prueba en los juzgados aquellos testimonios que son reales.

¿Por qué entonces no se utilizan estos protocolo?
Es una gran pregunta que nos hacemos. No sabemos si es por desconocimiento o por falta de interés o voluntad política.

¿Desde cuándo existen?
Concretamente el de mi tesis, centrado en violencia sexual, está a punto de ser presentado. Pero hay otros criterios específicos que a nivel internacional se llevan desarrollando desde los años 90. El problema es que al no prestar a estas actuaciones la atención que necesitan muchas víctimas no obtienen justicia, lo que supone un daño tremendo a la persona pero también a la sociedad.

Ha citado el control como uno de los tipos de violencia contra los que hay que luchar. Paradójicamente, en las encuestas a jóvenes es el que predomina.
Sí, los adolescentes están asimilando patrones nocivos desde los medios con modelos que refuerzan el sexismo y naturalizan tipos de violencia como el control o la violencia psicológica. A esto hay que añadir el acceso fácil a la pornografía y la ausencia de una educación psico afectiva sana. Éste es otro reto. 

Este 8M llega en medio de una pandemia y de una polémica Ley Trans que propone el Ministerio de Igualdad y rechazan las asociaciones feministas. ¿Cuál es su postura? 
La Ley Trans es antifeminista porque la realidad es que existe una opresión sexual configurada a través del género que es lo que produce la violencia machista. El género son roles sociales que están en la base de la desigualdad. Por tanto, la Ley Trans es una excusa para colar un nuevo refuerzo del sexismo y retroceso en los derechos obtenidos. Nacer mujer implica una opresión estructural que no sufren las personas homosexuales ni las transexuales; ellas sufren discriminación. 

El planteamiento protege a las personas diversas y eso, de primeras, no debería ir en contra del feminismo. ¿Puede explicarlo de forma más clara?
Lo de ‘trans’ es un paraguas trampa que engloba todo lo diverso y no es lo mismo una persona transexual que una persona que en determinados momentos decide travestirse. El problema es que se borra el sexo sin necesidad de cambiar de apariencia ni de nombre. Manolo, por ejemplo, que en su vida ha sufrido violencia machista por el hecho de ser mujer, puede registrarse como mujer. Eso implica la anulación de leyes de protección como la de violencia de género y, por ejemplo, presentarse legalmente a pruebas físicas con los parámetros de mujer teniendo cualidades de hombre. 

¿La diversidad es una cosa y la igualdad es otra?
La diversidad se está comiendo a la igualdad. El sexo es una variable biológica. En ella se basan las leyes de protección de la mujer y no puede ser modificable en base a deseos. Y más si vivimos en una sociedad machista en la que hay una desigualdad estructural. Mantener este abuso supone que en todas las áreas correríamos un riesgo innecesario. No es solo una inseguridad jurídica, sino que aumentaría la violencia que sufrimos las mujeres.

¿Y qué podemos hacer para que las personas transexuales estén protegidas y sus derechos no interfieran en los de las mujeres?
La ley de 2007 ya hablaba de personas transexuales, de salvaguardar con garantías su decisión y de que ésta se mantuviera en el tiempo. Pero la actual no tiene nada que ver con ellas porque habla de sexo a la carta. Eso sin hablar de que la evidencia científica no avala la hormonación en menores.  

¿Por qué refuerza el sexismo?
Porque habla de ‘identidad de género’, de diferenciar que eres de un sexo o de otro por el mero hecho de sentirlo o de no encajar en determinado rol. Y eso pone en peligro los derechos de las mujeres y las niñas basados en su sexo. El género, que es una convención, no puede estar por encima de la categoría de sexo. En el momento que las mujeres dejamos de tener protección en base al sexo, todo lo relacionado con la explotación sexual y reproductiva se ve reforzado. Y si el sexo no existe, sino que lo eliges, ¿cómo defendemos a las mujeres que sufren esta explotación por el hecho de serlo, si se niega que lo son?

¿Puede una ministra de Igualdad de un gobierno progresista no estar defendiendo el feminismo? 
Por desgracia es un hecho. Esta ley no es ni progresista ni feminista.