Las pruebas de evaluación de diagnóstico se realizan cada curso y con carácter general a los escolares de cuarto de Primaria y de segundo de la ESO con el fin de valorar su competencia en comunicación lingüística en español, inglés y matemáticas, sin que estas tengan peso académico sino un «carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa», tal y como recoge la normativa. Esta año se desarrollaron a finales de abril y principios de mayo y su contenido ha provocado malestar entre los representantes sindicales docentes.
Las críticas se han centrado en una pregunta que afecta a las tres áreas a analizar vinculada a la práctica de la docencia, es decir con el hecho de que el profesor explique o no con claridad lo que va a enseñar antes de trabajar un tema determinado; si tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes; si les invita a expresarse verbalmente en clase; mantiene el orden y la disciplina; ayuda a aprender de los errores, y comunica cómo mejorar el rendimiento. En todas ellas, se incluían como posibles respuestas del alumnado 'muy en desacuerdo', 'en desacuerdo, 'de acuerdo y 'muy de acuerdo'.
Para los sindicatos, estas cuestiones suponen una «evaluación encubierta del profesorado» dentro de un «cuestionario de contexto que rellena el escolar en el ordenador y que, causalmente, es el que no corrigen los docentes», según se puso de manifiesto en la última Mesa Sectorial mantenida con responsables de la Consejería de Educación, cuya respuesta fue que «no van a tener ninguna trascendencia» entre profesionales y centros.
El asunto ha ido más allá y ha llegado hasta la provincia, cuya Junta de Personal Docente también expondrá esta queja ante el director provincial de Educación, José Antonio Antón. Las centrales sindicales consideran que estas pruebas de diagnóstico van dirigidas a los estudiantes y no a sus profesores, además de que exigen que se comunique lo que Administración va a hacer con la información recabada en el cuestionario, el motivo por le que se han incluido estas preguntas, y su supresión de cara a la evaluación de próximos cursos.
trabajo sin remunerar. Junto a la eliminación de estas, los representantes de los trabajadores trasladarán también otras críticas recibidas relacionadas con la subsanación de errores que «se han tenido que resolver sobre la macha» recogidos en las instrucciones de realización y corrección de las pruebas, además de que han supuesto un «aumento de la carga laboral que no está remunerado». En este sentido, no comparten que este trabajo sea compensado únicamente con horas de formación y reivindican que se considere un cometido voluntario y no obligatorio.
La Consejería de Educación publicó el pasado mes de marzo la resolución en la que se fijaban las fechas de las pruebas y sus guías para llevarlas a cabo, mientras que en enero dio a conocer su regulación concreta, incluyendo contenidos, objetivos y tratamiento de los resultados. En este sentido, la Administración puede promover que los centros «elaboren propuestas de actuación que contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación, y orienten la práctica docente», además de establecer niveles de rendimiento y elaborar informes individualizados para las familias y los colegios e institutos.