El último informe sobre el control interno elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento de Burgos pone el foco en la necesidad de que se «adopten medidas encaminadas a reducir las horas extras y reducir el uso de este mecanismo para evitar agravios con otros empleados municipales».
En el documento se relata que, de manera «reiterada», en otros informes sobre controles internos de nómina, se ha alertado sobre el «aumento de los gastos para retribuir horas extraordinarias de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y de algunos empleados municipales», y se ha expresado que es necesaria una «racionalización y control de estas horas anualmente para no quebrantar los límites equivalentes para otro tipo de personal municipal».
Cabe recordar que hace unos meses, y después de que manera reiterada se negara la información, este periódico publicó que en el año 2023 el Ayuntamiento de Burgos había destinado casi 2,3 millones de euros al pago de horas extraordinarias y gratificaciones. Una cifra que va en aumento y que representaba un incremento de más de 700.000 euros respecto a este mismo gasto, ya de por sí elevado, del ejercicio de 2022.
Las horas extraordinarias se han mostrado como la estrategia que han seguido al menos los dos últimos equipos de Gobierno para sortear los problemas derivados del déficit de personal en la práctica totalidad de los servicios y en algunos casos también para salvar las dificultades para ocupar las vacantes y agotar en tiempo y forma las Ofertas de Empleo Público (OEP).
Lo que debiera ser un recurso excepcional se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta habitual y ha pasado de ser una solución coyuntural a un mecanismo estructural que se traduce en un mayor esfuerzo, pero también en una mejora de las retribuciones que se pagan en algunos servicios municipales.
Aunque el uso de las horas extraordinarias se ha generalizado y no hay servicio municipal que no haga uso de este recurso, el Órgano de Intervención pone el foco en la Policía Local y los Bomberos.
Si bien es cierto que aglutinan un número muy elevado de profesionales, también lo es que el Ayuntamiento destinó el año pasado al pago de gratificaciones a estos dos servicios algo más de 1,6 millones de euros.
Intervención reclama también que se adopten medidas encaminadas a la «actualización y, en su caso, homogeneización, del marco regulatorio del personal de Bomberos, Inspección de Rentas, Instalaciones Deportivas y el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt).
En el caso de los Bomberos, por ejemplo, la explicación se encuentra en un acuerdo firmado en tiempos del PP en el que se estableció que en el Parque debía haber siempre 18 efectivos, ya que esa es la única manera de poder atender tres emergencias si se producen de manera simultánea. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de elaborar el calendario laboral, según explican las fuentes consultadas por este periódico, se advierte que no hay personal suficiente en la plantilla (hay unos 90 profesionales) para que exista siempre ese retén mínimo. Dicho de otra manera, el Ayuntamiento tiene que pagar ese desajuste con gratificaciones.
En el caso del Smyt lo que sucede en este momento es que si los conductores no realizan horas extras es prácticamente imposible cuadrar el calendario. Es por ello por lo que para 2025, sin ir más lejos, el Ayuntamiento contempla mantener una partida de 180.000 euros para afrontar este gasto que hace apenas era residual, pero que cada vez tiene más de común y menos de extraordinario.
Cabe recordar que la Intervención General del Ayuntamiento también ha dejado constancia de su disconformidad con los incrementos retributivos en concepto de antigüedad que sobrepasan la masa salarial que determina cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Una situación que también se da en la Sociedad de Aguas, a cuyos empleados se les incrementa por este concepto el equivalente al 2% el salario base durante los diez primeros años en la empresa municipal y un 1% a partir de esa fecha.