Shale Gas España mantiene su confianza en que se puedan ejecutar los primeros pozos de fractura hidráulica o ‘fracking’ del país en el norte de Burgos hacia finales de 2016. Los proyectos presentados por la división nacional de la compañía BNK Petroleum para su desarrollo en esta zona siguen pendientes de obtener las preceptivas declaraciones de impacto ambiental, imprescindibles para realizar los sondeos, confirmar la presencia de gas pizarra e iniciar su explotación comercial en 2019 o 2020 si se verifica su viabilidad.
Ésa es al menos la hoja de ruta que manejan tanto BNK España como la citada plataforma sobre la exploración y desarrollo de shale gas, integrada por empresas, expertos y académicos para compartir y comunicar la ciencia y tecnología que hay detrás de la extracción no convencional de hidrocarburos. Un sistema “sin ningún impacto demostrado sobre la salud de las personas” y con un riesgo ambiental controlado por la legislación y las técnicas actuales, según subrayó el director general de Shale Gas España, David Alameda, quien participó en un curso sobre ‘fracking’ organizado por la Universidad Politécnica de Madrid en La Granja (Segovia).
La segunda y última jornada contó con las intervenciones de diversos expertos y representantes del sector, entre ellos la directora de comunicación de BNK España, María Jesús Gallego, que ofreció una ponencia sobre la percepción pública del ‘fracking’, ante el debate suscitado en torno a sus consecuencias. Al respecto, Alameda subrayó que “se ha metido mucho miedo a la población” sobre esta industria, cuando en Estados Unidos se desarrolla desde hace “casi 100 años” y también desde hace décadas en Canadá, “donde los agricultores, los ganaderos, etcétera, conviven alrededor de los pozos de gas”.
“También Noruega tiene una industria muy intensiva de gas y petróleo y no ha impactado sobre el turismo, ni a su protección medioambiental, que además está entre las más altas del mundo”, prosiguió Alameda en declaraciones recogidas por Ical. En España el sector está en plena fase de estudios preliminares, “todavía no se ha perforado ningún pozo” y los primeros serían los del norte de Burgos, con los proyectos denominados Urraca y Sedano, de los cuales informan sus promotores a través de las web ‘www.shalegasespana.es’ y ‘www.bnkpetroleum.es’.
En la actualidad cuentan con unas 70 licencias de investigación concedidas y hay “otras 70 pendientes de otorgamiento”, recordó Alameda. La mayoría se concentra en la cordillera vasco-cantábrica y el norte de Castilla y León, ya que se estima que allí estaría en torno a la mitad del gas nacional; y sumando el que se cree que existe en algunas zonas de Aragón o Andalucía, España generaría el equivalente a su consumo durante 90 años al nivel de 2014.
Suficientes como para asegurar el desarrollo de esta industria si resuelven todo el proceso administrativo, en cuyo caso, el director general de Shale prevé un horizonte de notable creación de empleo y la rebaja de la factura energética, ya que España dejaría de depender exclusivamente de la importación de hidrocarburos de países "inestables" como Argelia, Catar o Nigeria.
Empleo y ahorro en la factura. “En EEUU la revolución de los no convencionales, del ‘fracking’, ha provocado que se generen 2,7 millones de empleos”, valoró Alameda, “y el propio ciudadano se está ahorrando alrededor de 1.000 dólares en la factura de gas”, cuyo precio está “entre tres y cuatro veces por debajo” del que se paga en España. En este sentido, el director general de Shale recordó un estudio de Deloitte que revela la posible creación de 260.000 puestos de trabajo (el 15 por ciento directos y el resto indirectos) y una aportación al PIB nacional de “alrededor de 40.000 millones de euros en la época de máxima producción” por parte de esta industria en ciernes.
¿Y cuánto bajaría el recibo del gas en España? “Concretarlo ahora es muy complejo, dependerá del ritmo en que seamos capaces de desarrollar estos proyectos”, respondió Alameda. “Depende de que se consigan los permisos rápidamente para poder generar esas economías de escala que permitan reducir costes de operación y que el precio del gas sea así más asequible”.
“Es decir, que esta industria va a conseguir abaratar el precio del gas si se convierte realmente en industria, porque si finalmente únicamente hacemos 20, 30 o 40 pozos, será una industria simbólica que sólo contribuirá a traer más gas, pero no a minimizar el precio”, resumió el representante de Shale España. Además, las zonas donde se investiga actualmente podrían ser sólo el germen del sector, ya que “el país está muy poco explorado”.
“Si conseguimos arrancar esta industria de una manera ordenada y eficiente nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque hay muchas cuencas de España con posibilidades de gas, aunque no haya permisos solicitados todavía”, añadió. Todo depende de cómo vayan avanzando los proyectos y, también en buena medida, de que la sociedad y las administraciones públicas los acepten.
Al respecto, Alameda recordó “estudios muy serios” como el que produjeron en estos últimos años las autoridades sanitarias del Reino Unido, que concluye que “el desarrollo de esta industria no tiene ningún impacto directo demostrado en la salud de las personas”. “Y los trabajadores que llevan años involucrados en esta actividad tampoco han tenido ningún problema”, añadió.
“Evidentemente tenemos riesgos (ambientales) y la industria no los niega, pero disponemos de una tecnología que nos permite gestionarlos”, matizó, y también la UE cuenta con “una regulación medioambiental muy exigente” que permite “estar tranquilos”. “¿Hemos llegado a la luna y no somos capaces de minimizar que ocurra un terremoto o poder contaminar un acuífero? Claro que lo somos, y ahí es donde debemos insistir, para ser capaces de transmitir estos datos científicos, estos avances tecnológicos, a la población en general”, sentenció.