He aquí un asunto, siempre confuso y difuso, porque lo es en sí mismo, y porque la falta de una regulación adecuada hace que lo sea más aún. Valga el ejemplo más reciente: se conoció hace unos días que, quien fuera Ministro de Consumo en el anterior Gobierno de coalición y dirigente de Izquierda Unida, había acordado integrarse en un gabinete, consultoría, gestora de intereses, fundada en su momento por otro ex Ministro, que lo había sido en los Gobiernos socialistas de otra etapa anterior. Gabinete, por cierto, al que luego se han ido incorporando otros personajes de significación pública, ex Ministros o de diversa procedencia institucional y política. Lo que se dice un lobby, en definitiva. El cierto revuelo desatado de inmediato en algunos medios, y muy particularmente en el ámbito político del interesado, le han impulsado a renunciar a la anunciada incorporación.
Así que servido está el debate. ¿Es una cuestión de legalidad, de ética, de ejemplaridad, de coherencia? De legalidad, desde luego, no. Se trata de entidades constituidas en forma mercantil, como cualquier otra sociedad que se crea para desarrollar una actividad empresarial de la que espera obtenerse una rentabilidad económica. No está ahí el problema. Tampoco lo está, en sentido estricto, en su asimilación a las denostadas «puertas giratorias» por las que se pasa de un cargo público a un puesto relevante, sea en empresa pública o participada, sea en empresa privada, normalmente sociedad cotizada en el mercado de valores y con asiento en su consejo de administración.
Es otro asunto el que aquí se plantea. La finalidad de estos gabinetes habitualmente es facilitar contactos y gestiones, proporcionar información, orientar ante determinadas consultas. Hasta ahí, nada extraño. Lo extraño comienza cuando la actividad real ofrecida a terceros interesados es el ejercicio de influencia favorable, aprovechando el cargo ejercido o utilizando las relaciones obtenidas durante su ejercicio. Es ahí donde se roza lo éticamente reprobable, aunque no haya tacha de ilegalidad.
Y el problema es ese: falta una regulación, largamente prometida, que exija trasparencia efectiva, que permita conocer quiénes están allí, qué hacen, en qué materia y para quién. Mientras tanto, la sospecha es libre, y las carga el diablo.