No es la primera vez que el Procurador del Común, la institución encargada de la defensa y los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, tira de las orejas al Ayuntamiento de Burgos e, incluso, le ha situado entre las instituciones no colaborativas por no contestar a sus requerimientos. 

Ahora le saca los colores por tardar más de un año en resolver la queja de una contribuyente por no contestar a su reclamación por un recargo en la liquidación del impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, por parte del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM). 

Tras recibir la queja ciudadana, el Procurador del Común remitió un escrito al Ayuntamiento para interesarse por el caso, pero se alegó que en este organismo no constaba la citada reclamación y la institución regional se dirigió al Órgano de Gestión Tributaria, dado que el origen de la controversia residía en un acto administrativo que le fue girado por él, en concreto la liquidación de un recargo del impuesto como heredera de su hermana. 

Gracias a la consulta del Procurador del Común, el Órgano de Gestión Tributaria remitió la reclamación al TEAM, organismo encargado de la resolución. «De este modo, el Tribunal Económico Administrativo no ha tenido constancia de una reclamación interpuesta el 18 de febrero de 2022 hasta el 25 de marzo de 2023, es decir, un año y dos meses después de su interposición», indica la resolución.

Por ello, el Procurador recuerda al Ayuntamiento que por ley está obligado a resolver y notificar los procedimientos en el plazo establecido (no puede exceder de seis meses) y asegura que esa falta de respuesta es «una anomalía». «Como muchas veces ha reiterado el Tribunal Supremo, el deber de resolver las solicitudes, reclamaciones o recurso no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos por exigencia constitucional».

El Procurador del Común pide que resuelva esta reclamación lo antes posible» y recuerda el derecho de los ciudadanos a una buena administración pública». 

El TEAM subraya en su descargo que no pudo funcionar durante casi dos años por no tener nombrados todos sus integrantes y que tiene más de 300 reclamaciones pendientes de resolver.