El Ministerio de Agricultura y la Diputación de Burgos ya no ocultan los motivos por los que el proyecto de la vía verde entre Cascajares de la Sierra y Hontoria delPinar no avanza, una vez que se había alcanzado un principio de acuerdo con los Ayuntamientos de Salas de los Infantes y Castrillo de la Reina para preservar varios kilómetros de la antigua línea férrea del Santander-Mediterráneo y diseñar un recorrido paralelo. El enfrentamiento se ha hecho público y abierto. Ninguna administración quiere tener el papel de promotor, que entre otras cosas obliga a asumir el mantenimiento y la responsabilidad en caso de siniestro.
El Gobierno central anunció en 2017 que disponía de fondos para acometer este tramo delCaminoNatural S-M, de unos 50 kilómetros y considerado «muy importante... dado que con él se conseguiría dar continuidad a un itinerario para senderistas y ciclistas de más de 250 km, entre la comarca burgalesa de las Merindades y la ciudad de Soria, pasando por la propia ciudad de Burgos», recalca a DB.
Durante estos años, la Diputación ha abanderado los contactos y reuniones entre la empresa pública Tragsa, los ayuntamientos implicados y la Asociación para la Recuperación del Patrimonio ferroviario (Arpafer), que es la propietaria del tren aparcado enSalas de los Infantes y llamado a convertirse en un atractivo turístico para la comarca. Sin embargo, en los últimos meses ha cambiado el discurso y cada vez que a Ramiro Ibáñez le interpelan en un pleno o le preguntan los medios de comunicación asegura que desconoce cómo va el proyecto y que él solo ha tratado de poner de acuerdo a las partes, sacudiéndose cualquier responsabilidad.
Desde Madrid aseguran a DB que «elMinisterio no puede avanzar sin tener un promotor que se responsabilice» de los requerimientos que se exigen a las entidades públicas para acogerse alprograma de Caminos Naturales. «Hasta la fecha ha sido la Diputación Provincial de Burgos la que ha mantenido contactos técnicos con el personal del Programa de Caminos Naturales, con el fin de impulsar dicho proyecto», recalcan.
Sin embargo, Ibáñez insiste en que se ha limitado a mantener un papel de «mediador» entre los ayuntamientos de la sierra y los técnicos de Tragsa, y que «el promotor es el Ministerio, que además se está apoyando en fondos europeos» para sufragar esta inversión.
Así le contestó ayer a la diputada del PSOE Purificación Rueda, que le replicó que «tiene que haber una entidad promotora y no hay otra que la Diputación», que es la que hasta la fecha» ha ejercido ese papel. Ibáñez reclamó al Ministerio que licite las obras «cuanto antes», incluso sin el polémico tramo de Salas a Castrillo -«el nudito ya se solucionará»- y cuestionó la voluntad del Gobierno central de llevar a cabo esta obra. «Creo que no tiene interés en invertir en Burgos», dejó caer el diputado, para añadir que en el tramo de Burgos a Cascajares se quedaron sin ejecutar algunas pasarelas y el alcalde está «muy molesto», porque además «no han hecho ni caso» a sus alegaciones.
El Ministerio responde con el listado de requisitos que debe aportar la entidad pública promotora del itinerario, entre ellos el proyecto de obras y el acuerdo con el triple compromiso de la disponibilidad de los terrenos, «y que estos son de titularidad pública»; la asunción de «las labores de mantenimiento y conservación de las obras una vez finalizadas», así como de la promoción de la ruta; y «la responsabilidad patrimonial y extracontractual ante la eventualidad de cualquier hipotético daño o siniestro producido en los terrenos y/o bienes inmuebles integrantes del Camino Natural o vinculados a él», especifica.
Mantenimiento a vueltas. Antes de las intervenciones de Ibáñez yRueda, esta ya había protagonizado otro debate al defender una proposición en la que elPSOE instaba a la Diputación a «liberar» a los pequeños ayuntamientos de la carga que supone el mantenimiento y conservación de las vías verdes ya ejecutadas asumiendo ese gasto, y puso como ejemplo a Vizcaya, que destina a ello 1 millón de euros.«Da un poco de envidia», apuntó. Ya entonces, la vicepresidenta tercera, Inmaculada Sierra, fijó la postura de la Diputación, al recalcar que lo que hace es «apoyar» y que no va a comprometerse «económicamente» más allá.
La portavoz del equipo de gobierno acusó a los socialistas de quitarse «de encima la responsabilidad» y pedir que la fiesta la pague otro, cuando es el Gobierno central, a través de Adif y el Ministerio, el que exige esa carga a los pueblos. «Les alquilo mi terreno y les obligo a mantenerlo», resumió para anticipar su voto en contra.