Quédense con este nombre: Carlos Javier Marqués. Es arandino, tiene 48 años, se licenció en Geografía Económica, después se doctoró en Derecho Mercantil, engrosa las filas de Google con un proyecto de realidad aumentada desde Aranda y hace cinco años montó una web de atención al consumidor que fue reconocida como el mejor emprendimiento social de toda España. Ahora suma un capítulo más en su prolífico currículum: trabajará para ruralizar las leyes. Sí, para contar con un marco normativo y legislativo que se adapte a la realidad del medio rural.

Lo hará dentro del G100, un proyecto impulsado por El Hueco que cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por  100 expertos que están llamados a sentar las bases de la nueva ruralidad. O, dicho de otra manera, «a cambiar el medio rural». 

En el caso de Marqués, abordará estas transformaciones desde el ámbito jurídico. El arandino tiene claro que tras un tiempo de análisis, toca pasar a la acción. «Uno de los mecanismos que perseguimos es que nuestra legislación, igual que es muy proteccionista con la ecología o con ciertos temas sociales, haga lo propio con el mundo rural», explica, para agregar:«Que todo el patrimonio que tenemos, y que solo se suele reivindicar cuando hay elecciones, se tenga en cuenta a nivel legislativo y se pueda potenciar, proteger y hacerlo crecer». Ahora, dice, «es más importante que nunca». 

En su opinión, ruralizar las leyes representa una cuestión de justicia. «Las normativas han de tener en cuenta la ruralidad, la capacidad del medio rural de generar riqueza, de tener una presencia y lograr una cohesión territorial». Porque, como recalca este arandino, «al final las leyes son lo que mueven todo y en lo que nos acabamos basando» a la hora de actuar y tomar determinadas medidas. 

De momento, el G100 se encuentra constituyendo las comisiones, un total de 15. Marqués trabajará en la de Comercio y Turismo con el objetivo de que «haya un papel específico para el ámbito rural dentro de las normativas que afecten a estos sectores». Es decir, que aparte de las leyes generales para todo el territorio, también se consideren las necesidades concretas del medio rural y, por tanto, que las distintas normativas incluyan los desgloses oportunos relativos a los pueblos. «Ahora no se contempla esa diferenciación y, por tanto, no se logra la cohesión territorial», agrega al respecto. 

Marqués reconoce que la misión es «compleja pero muy necesaria», especialmente tras la crisis económica y social generada por la pandemia de coronavirus. De hecho, se muestra convencido de que este proceso de ruralizar las leyes puede «tener un papel decisivo en la recuperación económica que todos perseguimos». Incluida, por supuesto, la Ribera delDuero, donde como recuerda Marqués a apenas cinco kilómetros de Aranda, muchos pueblos siguen sufriendo problemas de cobertura telefónica: «Vives donde vives y se trata de poner nuestro granito de arena». 

«Mucho trabajo». En esta meta de ruralizar la normativa, la Ribera del Duero contará con voz propia, con un embajador que sigue volcado en su proyecto digital de atención al consumidor, que pretende acercarse a los usuarios con menos recursos, especialmente personas mayores o todos aquellos que no tengan cerca una oficina de atención al consumidor, para proporcionarles toda la cobertura que puedan necesitar. 

Por ahora, las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León para frenar los contagios por coronavirus impiden los viajes entre provincias, así como las reuniones de más de cuatro personas, por lo que el G100 trabaja de forma telemática. «El trabajo va a ser diario.  De hecho, gracias a las nuevas tecnologías estaremos conectados casi de continuo. Es un tema que va a requerir de mucho, mucho trabajo y esfuerzo», enfatiza. 

Países como Escocia les servirán de referente en este camino a recorrer en España: «Se lo toman muy en serio con resultados increíbles».