El futuro de los consorcios, tanto el de la Gestión de la Variante Ferroviaria como el de Villalonquéjar, está más en al aire que nunca. Y ya no solo porque atraviesan por un momento muy delicado, asfixiados por una deuda y unos intereses millonarios que obligarán a tomar decisiones urgentes y puede que incluso drásticas, sino porque quienes lo integran cuestionan ya su utilidad. Tanto, que la Fundación Caja de Burgos, que ocupa la mitad de los asientos de ambos consejos rectores, tiene previsto plantear su extinción a los representantes del Ayuntamiento en los dos entes.

En la Fundación, que no cierran la puerta a seguir colaborando con el Ayuntamiento si se les requiere, entienden que los consorcios han perdido ya la utilidad por la que fueron concebidos hace ya más de veinte años. La autonomía de la que antes gozaban, que les permitía disponer de una mayor libertad de movimientos, hace ya un tiempo que desapareció, ya que los cambios legislativos han provocado que, a efectos prácticos, tengan que operar con los mismos corsés que la administración.

De la misma manera, en Caja de Burgos defienden también que la disolución de los consorcios permitiría acceder a unas condiciones mejores de financiación (renegociar la deuda no es una opción sino un imperativo) ya que la legislación establece un marco más benévolo para las administraciones.

Los representantes del Ayuntamiento en los consorcios conocen también desde hace unos meses esas condiciones más ventajosas que recoge la Ley, hasta el punto de que se cuestionan que las entidades financieras hayan podido cobrarse unos intereses tan elevados este año (del 5,25% en el caso de la llamada deuda sostenible del Desvío y del 5,20% en el de Villalonquéjar).

¿Qué posición va a adoptar el Ayuntamiento con el planteamiento de la extinción por parte de Caja de Burgos? Aunque la elección de los momentos puede tener su importancia, es probable que compartan el criterio de la Fundación. De hecho, en el PSOE, aunque no han realizado ningún pronunciamiento público, hace tiempo que se cuestionan también su utilidad. Y no sería descabellado que en el Gobierno de coalición del PP y Vox, que hasta el momento comparten estrategia con los socialistas, opinen lo mismo.

Lo cierto es que la situación que se avecina es complicada porque cada día que pasa sin dar con la solución a este problema, los intereses se comen más de 20.000 euros procedentes de la llamada deuda sostenible (tramo A).

Los informes de situación financiera de los dos consorcios muestran que, si nada cambia, los entes tendrán que pagar el próximo año solo en intereses más de ocho millones de euros. Una cifra superior incluso a los seis millones que también habrá que desembolsar para la amortización del capital. Todo ello, sin contar con la deuda del tramo B (la no sostenible) que ya asumió el Ayuntamiento como propia, y a cambio de nada, en los acuerdos de refinanciación alcanzados entre los años 2016 y 2017.

De momento, la decisión que han adoptado tanto los consejeros del equipo de Gobierno (PP y Vox) como los de la oposición (PSOE) es la de tantear a otras entidades financieras para sondear el mercado y lograr el mejor acuerdo posible en una imperativa refinanciación de los consorcios.

A eso podría sumarse un cambio en el modelo de gestión.