El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad, actualmente en vigor, desde el 1 de enero hasta la aprobación de los nuevos para el ejercicio de 2024 que la Junta decidió aplazar hasta contar con todos los datos que debía enviar el Ejecutivo central. 

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que lo más importante de este decreto es que se garantizan los servicios públicos de Castilla y León para que haya una continuidad entre ambos presupuestos. 

El decreto establece la prolongación de los créditos iniciales de 2023 y tiene como objetivo facilitar la gestión administrativa y el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Así, se garantizan las retribuciones de los empleados públicos y los gastos de mantenimiento en los centros públicos como sanidad, educación y servicios sociales, así como el pago de la deuda. 

Así, en primer lugar, el Decreto establece que desde el 1 de enero de 2024 hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023, aprobados por la Ley 3/2022, de 29 de diciembre. En todo caso, no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio que termina o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse. 

En segundo lugar, se establece que la disponibilidad de los créditos se supeditará en su cuantía al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Así, los créditos financiados con recursos finalistas no vigentes en 2024 o que, estando vigentes, su anualidad correspondiente a 2024 sea inferior a la prevista en el presupuesto de 2023 prorrogado a 2024, serán minorados tanto en el estado de ingresos como en el estado de gastos, en el importe de la ayuda financiera que no se va a percibir en dicho ejercicio.

En tercer lugar, se establece el orden de imputación de los gastos durante la prórroga: primero, los compromisos, obligaciones u operaciones contempladas por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2023 y las de apertura del ejercicio 2024; segundo, los compromisos derivados de disposiciones, convenios y contratos programa que estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2023 y que supongan obligaciones en 2024; tercero aquellos compromisos debidamente adquiridos que se destinen a pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera derecho a 1 de enero de 2024; y, por último, se imputarán el resto de los gastos, conforme a su naturaleza, correspondientes a actuaciones no finalizadas.

Por último, las normas de aplicación anteriormente descritas son de aplicación a todas las secciones presupuestarias que conforman los presupuestos generales de la Comunidad, a excepción de la sección 20 'Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad'.