El mercado laboral burgalés depende cada vez más de la actividad generada por las administraciones públicas, que ya copan casi la mitad de los trabajos formalizados en la provincia a lo largo del último año. Más de cuatro de cada diez nuevos afiliados a la Seguridad Social entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 firmaron un contrato con la Junta de Castilla y León, principalmente, y, en menor medida, con la Administración General del Estado o con los ayuntamientos y la Diputación.

La estadística de afiliación media de la Seguridad Social confirma que lo público está de moda y que la evolución del empleo en la provincia depende cada vez más de las decisiones políticas, las que permiten ampliar, reducir o congelar las plantillas de los servicios sostenidos con el impuesto de los ciudadanos, los sanitarios, los asistenciales y los educativos o de diversos servicios auxiliares como la limpieza, la gestión de tributos o las campanas antiincendios, por citar solo algunos ejemplos.

En Burgos se contabiliza una media mensual de 22.013 empleos ligados a lo público, en datos del pasado noviembre. Las plantillas de las administraciones aglutinan al 14,5% de los afiliados de la provincia (152.991), aunque su peso en la generación de empleo es mucho mayor que el del sector privado: el 46,1% de los nuevos afiliados registrados en el último año firmaron contrato con alguna administración.

La plantilla del personal laboral y funcionario se reparte entre la Junta de Castilla y León (14.184 afiliados), la administración local y provincial (5.225) y la estatal (2.604). 

Solo en el último año la Junta ha generado 774 nuevos afiliados a la Seguridad Social de media, 344 los ayuntamientos y Diputación y 151 la Administración del Estado.

El empleo público se ha disparado, crece a un ritmo del 6,1% en los últimos doce meses frente al 1,14% en que lo hace el sector privado. Si se analiza el último lustro, lo público aumenta casi un 15% y las empresas privadas un 2,90%. Es más, los de las administraciones son porcentajes en crecimiento, dado que las jubilaciones son cada vez más numerosas en unas plantillas muy envejecidas y cuya renovación ha estado prácticamente congelada desde hace diez años.

A nivel nacional, el peso de lo público es también muy alto, pero no tan acusado como ocurre en las provincias. Uno de cada cinco empleos depende del sistema y el 20% de los nuevos trabajos está en manos de los tres niveles de las administraciones. La cifra de empleo de las administraciones públicas se acerca a los 3 millones de trabajadores, en torno a medio millón de los cuales se ha creado en los últimos cinco años.  

La mayoría de la afiliación recogida por la Seguridad Social hace referencia a empleos para sustitución de bajas, vacaciones y excedencias en todas las escalas de la administración. Sanidad, servicios sociales y educación copan la mayoría de estos trabajos.

También están empezando a materializarse las ofertas públicas de empleo de los últimos cuatro años y, previsiblemente, se agilizarán en próximos meses ante la más que notoria carencia de efectivos en las diferentes plantillas públicas de todas las administraciones.

Mujeres. Si la influencia del sector pública es muy elevada en el mercado laboral, aún lo es más en el empleo femenino. Casi 7 de cada 10 trabajadores son mujeres. 

En la Junta de Castilla y León, la administración que más crece en plantilla, se registran 10.606 mujeres frente a 3.577 hombres de media, gracias a su peso en servicios sanitarios, asistenciales y educativos. También hay más mujeres en ayuntamientos y Diputación (2.717 frente a 2.507), aunque la cifra tiende a equilibrase en las plantillas dependientes del Estado (1.225 mujeres y 1.379) por la inclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.