Ya no hay moratorias que valgan. La nueva ordenanza municipal de terrazas, que entró en vigor en mayo de 2023 y que posteriormente se modificó en febrero de 2024 para ampliar los plazos de solicitud de autorización para ocupar el espacio público y el tiempo de respuesta municipal a favor o en contra, está ya plenamente en vigor y la Policía Local vigilará desde hoy su cumplimiento.
Su tarea no será fácil debido a que el área de Licencias no ha resuelto todas las solicitudes de manera definitiva debido a que los dueños de los establecimientos no han remitido toda la información requerida y deben subsanar ese defecto y, posteriormente, someterse de nuevo a la revisión de los técnicos para dar el visto bueno final. Sin embargo, fuentes de la Policía Local aseguran que su labor inspectora debe empezar una vez que han finalizado los seis meses de moratoria. Los agentes empezarán a supervisar por zonas para comprobar si los establecimientos tienen licencia o no. En algunos casos se dará la circunstancia de que sí está autorizada y se podrá comprobar si las dimensiones se corresponden con las facilitadas por Licencias pero en otros estarán pendientes de la resolución definitiva.
De las 623 solicitudes para la obtención de permiso de ocupación del espacio público, hay 64 que tienen todo en regla y la autorización concedida mientras 187 no han presentado la documentación requerida en plazo y el Ayuntamiento les ha enviado una carta en la que se comunica el cese de actividad y, con ello, la obligación que conlleva de quitar las mesas y las sillas que tienen instaladas. Tal y como señalaba el concejal José Antonio López la semana pasada, muchos de los propietarios de los negocios al recibir la misiva se ponen en contacto con los técnicos de Licencias para intentar reconducir la situación y reabrir el expedientes.
A ello se suman otras 297 que están pendientes de resolución definitiva. Es decir, que han presentado los documentos pero no están todos los requeridos o tienen algún defecto que deben subsanar, lo que hace que se dilate la resolución. Todo este complejo entramado administrativo ha hecho que se llegue a la fecha límite sin que el padrón esté completado. La administración está obligada a dar una respuesta en firme, expresa o por silencio, de denegación de la solicitud de nueva licencia una vez hayan transcurrido más de seis meses desde la entrada en vigor de esta ordenanza.
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