La Junta de Castilla y León acatará el Real Decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, que podría convalidar hoy Congreso de los Diputados, pero ya prepara su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), como había adelantado hace semanas el presidente Alfonso Fernández Mañueco. 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que la Comunidad acatará la ley pero insistió en que se está preparando el recurso de inconstitucionalidad porque entienden que es una norma "injusta", "impuesta" y que invade competencias propias de las comunidades autónomas. 

En ese sentido, Isabel Blanco, que sustituyó al portavoz Carlos Fernández Carriedo que asiste en Madrid a una reunión sobre los aranceles de Estados Unidos, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso una ley "sin negociación" para "satisfacer a sus socios separatistas". Esto, añadió la consejera, conlleva la acogida por parte de Castilla y León de un número menores migrantes no acompañados -309- en una comunidad que ya atiende a unos 180, pese a tener 130 plazas.

Al respecto, la vicepresidenta de la Junta indicó que el Gobierno está acostumbrado a las cesiones con sus socios y añadió que en este caso lo que está haciendo es "mercadear" con los menores que han llegado a Canarias, entre otros territorios. "Eso no es aceptable", dijo la titular de Familia, tras el pacto alcanzado por el Gobierno y Junts.

Asimismo, Isabel Blanco pidió al al Gobierno que la política migratoria, por ser "de Estado", se aborde desde el diálogo y la colaboración con las comunidades. También, pidió un "control de fronteras", con implicación de la Unión Europea a través de Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), así como el establecimiento de medidas en los países de origen de los migrantes. 

Finalmente, la vicepresidenta de la Junta lamentó que frente a esto, el Gobierno ha optado por la "imposición" y la "cesión permanente" a los "chantajes" de sus socios. Por ello, defendió Isabel Blanco, van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, una vía que también seguirán otras autonomías como Aragón o Andalucía.