El Procurador del Común, el Defensor del Pueblo de Castilla y León, Tomás Quintana, acaba de emitir la enésima resolución sobre Traumatología del HUBU; en este caso, por una queja acerca de la opacidad en la gestión de las listas de espera, lo cual ha llevado a Quintana a ser algo más vehemente de lo habitual y a urgir al hospital a que dé información detallada a los pacientes sobre «su situación en las listas de espera» para que, de esta manera, puedan tomar decisiones precisas sobre su salud.Es decir, para que valoren si siguen esperando o si, como ocurrió con la persona que puso la queja, se van a la sanidad privada.
Quintana recuerda que los ciudadanos no solo tienen derecho a una buena administración y a la protección de la salud, sino que la normativa en materia sanitaria establece también derecho «a la información personalizada sobre la espera prevista». Así, el defensor de los intereses de todos los habitantes de la Comunidad reclama que la legislación se lleve a la práctica y se concreten los datos acerca del orden que se ocupa en las listas de espera y la evolución, «a fin de que los usuarios puedan controlar la gestión que se realiza de ellas». Pero, añade, no solo «como manifestación de transparencia», sino también «en relación a un uso adecuado de los recursos». Y por estas razones, deja por escrito que «los pacientes incluidos en lista de espera deben tener una vía de comunicación directa que les facilite la información que necesitan de manera clara, sencilla, comprensible y ajustada a la realidad de la gestión de las correspondientes listas».
Es inusual que un cargo público reclame con tanta firmeza una gestión distinta de este instrumento básico de organización en la sanidad pública, pero Quintana aclara que las múltiples quejas de pacientes acerca de las dificultades de acceso a la información sobre la demora prevista para la intervención prescrita impide que puedan «valorar otras alternativas» que solucionen con rapidez «su dolencia».
Así sucedió en el supuesto que motivó la queja ante el Procurador. Una persona en seguimiento en Traumatología del HUBUdesde el 2022 por dolores en una cadera, entra en lista de espera en julio del 2024. La pérdida de facultades le obliga a caminar con muleta y los dolores provocan que acuda a Urgencias y a consulta en planta en octubre, tres semanas después de que presentara una reclamación y que el hospital le contestara que «no es posible concretar una fecha para su operación». Así, le indican que «se le avisará cuando sea posible programar su cirugía» y le indican que, en todo caso, a partir del 11 de enero de 2025 puede «ejercer el derecho de garantía de demora».
Con esta explicación por escrito, el afectado optó por recurrir a la sanidad privada y se operó el 31 de octubre, ante «dolores insoportables». La sorpresa fue que, a pesar del escrito de respuesta a su reclamación de septiembre, el 18 de noviembre recibió llamada del HUBUpara informarle de que podía operarse en Recoletas. De haber tenido esta información en septiembre, cuando puso la reclamación, o en octubre, cuando estuvo en consulta, quizá se había ahorrado el dinero que pagó a la privada.