En los edificios judiciales de Burgos, muchos funcionarios no esconden cierta resignación ante el caso omiso que está brindándoles el Gobierno con respecto a sus reivindicaciones. No desisten, sin embargo, en su intento de sentarse a la mesa de negociaciones para lograr una subida salarial acorde a la conseguida a principios de este 2023 por los Letrados de la Administración, antiguos secretarios judiciales. Ayer viajaron a Madrid medio centenar de trabajadores para manifestarse frente al Ministerio que dirige Pilar Llop. La enésima concentración desde que a mediados de abril decidieron comenzar paros que desembocaron en una huelga que ha supuesto un duro golpe a los órganos de la provincia. Algunos estarán colapsados durante más de dos años, auguran tanto los empleados públicos como abogados y procuradores. 

Las consecuencias hasta el momento de los paros iniciados el 17 de abril se perciben de una manera evidente en las cifras de suspensiones de procedimientos. Los sindicatos hablan de una media de entre 20 y 25 juicios cancelados diarios, lo que suman más de 1.000 desde el comienzo de las reivindicaciones. A eso hay que añadir la paralización absoluta de declaraciones, acuerdos de divorcio y demás procesos, así como numerosos asuntos que están completamente parados en las bandejas de envío. «Tengo cuestiones presentadas en febrero de las que no sé absolutamente nada. Todo ese trabajo se va a ir acumulando y va a costar mucho sacarlo adelante», protesta Mónica Pérez Villegas, decana del Colegio de Abogados de Burgos.

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