Seguramente a lo largo de su vida se habrán hartado de escuchar lo importante que es dominar un idioma para labrarse un futuro profesional. Aunque esa frase suele ser muy válida para el sector privado, no parece serlo siempre en el público. Ni para ser presidente del Gobierno, ni para ser coordinador de Industria o de Turismo en la Sociedad de Promoción, rebautizada este mandato como ProBurgos, y donde la semana pasada se resolvió un polémico proceso de selección de cuatro puestos de responsabilidad que sigue aún dando que hablar. Lo que ha sorprendido a muchos es que para unas cosas el Ayuntamiento se sea muy laxo, como en el hecho de no pedir un nivel C1 de inglés o una titulación superior, y, sin embargo, sí sea muy exigente y capaz de ventilarse a casi la totalidad de los potenciales candidatos al exigir aspectos tan llamativos como haber pertenecido durante «al menos cinco años a alguna asociación de empresarios».
Este tipo de detalles son los que han alimentado las suspicacias y que el PSOE denunciara la semana pasada procesos teledirigidos para contratar a personas afines al equipo de Gobierno. No dudó en desvelar que la persona seleccionada para el puesto de coordinador de Industria es Juan Carlos Salvador, padre de un trabajador eventual del Grupo Municipal del PP y excompañero de trabajado del presidente de ProBurgos, César Barriada. La segunda persona clasificada en el proceso ha sido el que fuera cabeza de lista en la candidatura de Vox al Senado, Eduardo Peña.
El examen de las bases del concurso permite saber ahora, a hechos consumados y a libre interpretación, que sentaban como un guante al elegido. Durante nueve años fue secretario de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar, cumplía también con haber sido directivo durante al menos cinco años en una empresa privada o pública (ha fundado varios negocios) y como anillo al dedo le venía también que se valorara «experiencia acreditada en divulgación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)» o en iniciativas de «networking» (es el fundador de Hubers y de TechDay60).
Para el puesto del asesor jurídico lo que sorprendía es que se exigiera «experiencia en tramitación de contratos complejos del sector energético». El segundo clasificado ha sido para un exconcejal del PP en la localidad salmantina de Alba de Tormes. Eso sí, por delante de él ha quedado una profesora de Universidad.
Los socialistas aseguraron la semana pasada que estaba cantado que el Ejecutivo del PP y Vox querían recuperar para el puesto de responsable de la Oficina de Congresos a Javier Peña. Fue despedido en la etapa del PSOE y Cs y regresa al puesto que le quitó el exvicealcalde, Vicente Marañón. Patricia Ansótegui es la elegida como coordinadora de Turismo.
Estos cuatro puestos tendrán un coste para las arcas municipales de 185.000 euros.