El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy que los servicios jurídicos de la Junta contestarán al requerimiento sobre la situación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) enviado esta semana por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un plazo máximo de dos meses, tal y como especifica la ley, con el fin de demostrar, dijo, que en Castilla y León "no se puede reponer lo que no se ha desmantelado". "Demostraremos que cumplimos la ley y garantizamos la prestación del servicio, como hemos dicho siempre, y la puesta a disposición de la financiación que nos pueda corresponder para ello", defendió Carriedo.

También afeó que Díaz pidiera a través de la red social Twitter que la Junta retomara el servicio, cuando "quizá la primera cosa es que no lo hemos eliminado y sigue funcionando", explicó. Por ello, indició en que el Ejecutivo autonómico "trabaja en cumplir la ley y que garantiza los servicios públicos de calidad y por tanto, también la prestación de este servicio con un nivel de calidad".

Por otro lado, criticó a la propia vicepresidenta, en particular, y al Gobierno, en general, la "fijación con tanto detalle en Castilla y León", al contrario, matizó, que el interés que presta con ejecutivos de otras comunidades autónomas. Todo ello, defendió, cuando la Junta "es leal a la Constitución y al proyecto de España". "Estamos viendo que en más de una ocasión el Gobierno nos perjudica y vigila especialmente, cosa que no hace en defender los intereses globales de España cuando se produce en otros territorios", reprochó.

Por último, confió en que en este caso la Junta tenga la razón y mencionó que en otros casos, "más de una vez", ya ha habido sentencias "contrarias al Gobierno de España, incluso del Tribunal Constitucional, en las que Castilla y León, cuando defiende sus intereses, lo hace conforme a la ley", en referencia al pago de la liquidación del IVA de 2017.