La Policía Local ha recibido un total de 425 avisos de actos vandálicos durante los últimos tres años, una cifra que alcanzó su máximo en 2022 con 182 notificaciones tras dos ejercicios en los que el incivismo bajó al máximo, tan solo 15 en 2020 y 49 en 2021. Este descenso está directamente relacionado con las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia del covid-19. Mientras que el pasado curso se registraron tan solo 115 partes, hasta diciembre de 2024 el Ayuntamiento ya cuenta con 128.
El alto número de avisos preocupa al Consistorio, que ha decidido reforzar las patrullas para disuadir a los vándalos de realizar este tipo de actos incívicos. Según el alcalde de la localidad, Antonio Linaje, la mayor parte de estas acciones se realizan por menores de edad de entre 15 y 17, principalmente hombres. La Policía ha registrado en estos meses diferentes delitos como quema de contenedores, rotura de mobiliario urbano y árboles, agresiones a vehículos, atentados contra la infraestructura ferroviaria e infracciones a la ordenanza municipal de limpieza viaria y ornato público.
Además de estas acciones, producidas contra bienes privados y pertenecientes al Ayuntamiento, se han recibido avisos de atentados contra la Junta de Castilla y León como las acciones perpetradas en la estación de autobuses o contra el Gobierno de España en las instalaciones de Adif. El Consistorio se ha comprometido a aumentar en estos lugares las patrullas para evitar que se continúen llevado a cabo este tipo de actos según explica el alcalde de Aranda.
Estos datos, como aclara Antonio Linaje, pertenecen solo a avisos recibidos. «En caso de que se realicen contra un bien privado, debe ser el propietario quien haga la denuncia de manera particular, para que pueda aplicarse una sanción al ejecutor», insiste el alcalde. Sin embargo, si se trata de un bien público, el mecanismo existente conlleva la puesta en marcha de la correspondiente sanción a la persona o personas que hayan realizado esos actos vandálicos.
El Ayuntamiento cambió recientemente el modo de operar ante los autores de acciones incívicas. Actualmente, los responsables tienen que hacerse cargo de la sanción correspondiente y del coste de la reparación del bien dañado. Este método fue implementado hace aproximadamente un mes y ya ha supuesto que la policía interponga un primer expediente sancionador. «Existe ya una penalización, de hace una semana. Las nuevas multas tienen una cuantía de 750 euros por la pintada inicial y 100 euros más por cada grafiti extra. El importe máximo a pagar, según la ley, sería de 1.500 euros», comenta Antonio Linaje.
Precisamente, en el caso de las pintadas, la Policía ha levantado desde 2022 un total de 40 expedientes sancionadores. «Para poder limpiar todos los grafitis en Aranda hemos duplicado el número de efectivos y actuaremos por zonas, además de por orden de petición, como se ha hecho hasta la fecha», aclara Antonio Linaje. Los autores de las pintadas tendrán la obligación de reparar el bien dañado y su actuación podrá ser constitutiva de delito, por lo que tendrá que ser resuelta por vía judicial.
Baños del Picón. Este septiembre dejaba en la localidad uno de los mayores destrozos realizados a bienes de carácter público. Los actos vandálicos perpetrados contra los urinarios situados en el recinto del Picón estas fiestas finalizaron con trece detenidos, la mayoría de ellos menores de entre 14 y 16 años. Los daños causados en el recinto superaron los 10.000 euros y para repararlos, el Ayuntamiento junto a Sonorama Ribera estudia comenzar la reparación de la estructura a partir de enero para no esperar y que los plazos impidan usarlos durante el festival.