Es una reivindicación recurrente que gana fuerza con el paso de los años a través del impulso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los ayuntamientos insisten en su propuesta de revisar el modelo de financiación local y asegurar así los ingresos necesarios para ofrecer los servicios correspondientes a las competencias propias... y también a las impropias. 

Y es este segundo punto donde las administraciones locales buscan el equilibrio exigido. En el caso del Ayuntamiento de Burgos, la gestión de algunos servicios de competencia provincial, regional o nacional supone un gran esfuerzo económico. El motivo, que la cesión de esta gestión no se financia al cien por cien.

Ya en el ahora lejano 2010 el entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, aseguró que el coste de estas competencias impropias superaría los 20 millones de euros anuales para las arcas municipales y con el paso de los años la administración local aún asume hoy este tipo de responsabilidades.

En números gruesos, el Ayuntamiento de Burgos emplea alrededor un 10% de su presupuesto a tareas que le corresponden a otras administraciones. Y, aunque queda demostrada la valiosa participación de las entidades locales en la prestación de los diferentes servicios, este asunto suma décadas de debate sin aparente solución.

Al fin y al cabo, se trata de atender las necesidades de los ciudadanos en aspectos especialmente sensibles como la educación, el mantenimiento de propiedades o carreteras que no son de la ciudad o en la atención de emergencias con recursos propios.

Asuntos delicados que afectan, sobre todo, a la labor desarrollada desde la gerencia de Servicios Sociales. Esta es la gran protagonista de una situación que también tiene un impacto directo en otras áreas como Medio Ambiente y en otras concejalías relacionadas con la promoción industrial y cultural que destinan parte de sus recursos a tareas que, sobre el terreno, no le corresponden.

La Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos ofrece más detalles de esta cuestión. En 2022, la denominada Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades presentó un desfase negativo de 15 millones de euros entre los recursos generados y el coste acumulado en las diferentes prestaciones. 

Si bien estos esfuerzos se invierten en el bienestar y el cuidado de las personas, gran parte de las competencias corresponden a la Junta de Castilla y León y la gestión realizada desde el Ayuntamiento para garantizar su correcto funcionamiento apenas disfruta en algunos casos del 70% de la financiación necesaria por estas prestaciones sociales básicas.

Por ejemplo, el coste total en el año 2022 de la atención domiciliaria (ayuda y comida a domicilio) fue de 8.020.790 euros, de los cuales la subvención de Junta incluida en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales sufragó 2.369.789 euros. 

Un 29% del total que se suma a los 1,2 millones aportados por las cuotas de los usuarios. El resto, 4,4 millones de euros, corrió por cuenta del Ayuntamiento para cubrir las necesidades de una prestación cada vez más demandada y más valorada por los ciudadanos.

Los servicios sociales básicos reciben unas transferencias que no llegan en su totalidad a las entidades locales y cada vez requieren la presencia de más profesionales. Por su parte, otros servicios como la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) tiene un déficit de 323.000 euros y Medio Ambiente asume tareas como la limpieza de los ríos o la eliminación de grafittis en zonas privadas. 

Son solo algunos casos de competencias impropias, tareas que el Ayuntamiento suma a otras como el mantenimiento de las Escuelas Infantiles Municipales. Su coste en 2022 fue de 1,9 millones de euros y el importe concedido por la Junta para el curso 2022-2023 fue de 331.276,72 euros.

El Ayuntamiento de Burgos asume en los últimos mandatos que hay competencias impropias ya implícitas en su día a día y solo una mejora de la coordinación con el resto de administraciones aliviaría ese esfuerzo económico y organizativo. Con todo, hay casos concretos que han estado sobre la mesa para su posible eliminación. 

La subvención a la UNED, que llegó a los 250.000 euros antes del plante inicial, se debatió hasta el final hasta llegar a un punto de encuentro con los 125.000 euros presupuestados actualmente tras convertirse en Consorcio Universitario. 

También ocurrió con las ayudas para la Cooperación al Desarrollo -en torno al millón de euros- o con la integración de Relaciones Laborales a la UBU, una escuela sustentada en su momento por la Diputación y el Ayuntamiento. La inyección económica alcanzó los 400.000 euros hasta que se optó por reducir la cantidad un 25% de forma anual. 

Los frentes abiertos son numerosos y, aunque estas competencias impropias se asumen como una inversión social, los ayuntamientos insisten en su mensaje de organizar y ordenar esta cuestión.