Los innumerables vaivenes en la gestión para la puesta en marcha de Burgos Central y la imposibilidad de implantarla dentro de la primera prórroga que ya le concedió el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento ha vuelto a alimentar los temores sobre una posible pérdida de los fondos europeos asignados a este proyecto. Preguntado por esta posibilidad, el concejal de Movilidad, José Antonio López, defendió que «desde el punto de vista técnico y jurídico no se puede producir esa merma» en la ayuda concedida «por cuanto que no existía la Zona de Bajas Emisiones» y aseguró que en el caso de que se produzca ese hipotético castigo y el Gobierno de España «quiera reducir esa esos fondos otorgados, lucharemos hasta el final para que no se produzca y utilizando todos los medios legales». A lo que añadió después que el Consistorio incluso acudiría a los tribunales.
Cabe recordar que el Gobierno de coalición del PP y Vox, asesorado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ha cambiado de estrategia en el último momento y finalmente no modificará el contrato de gestión del tráfico para incluir en él la instalación de las cámaras y de los puntos de control. Se ha optado por licitar un nuevo contrato (de obras) con un presupuesto de 3,5 millones de euros (con impuestos) y en el que se da a la adjudicataria un plazo de ocho meses para la ejecución de los trabajos.
Lo que realmente ha sorprendido, en este contrato envuelto de polémica desde el primer momento, es que el Gobierno de coalición del PP y Vox haya decidido gastarse el mismo dinero pese a que el perímetro de la ZBE se ha reducido a un tercio.
De nuevo, en los pliegos se pide el «suministro y montaje nuevo Terminal de Control de accesos e información al ciudadano modelo 2023 del fabricante ETRA o similar». Este aspecto ya generó controversia en el anterior proceso de licitación (fallido), ya que se ponía como ejemplo de los equipos a adquirir el modelo de la empresa a la que se le adjudicó el contrato el pasado mandato (anulado después por el juzgado). El PP, entonces en la oposición, calificó de «pelotazo tecnológico» este procedimiento.
Resolución. De momento, nada se sabe de la resolución del contrato que se firmó el pasado mandato y que anularon los tribunales. El concejal afirmó que en este momento continúan las «negociaciones» con la empresa y aseguró que «van por buen camino».
Parece poco probable, en cualquier caso, que ese acuerdo se vaya a producir antes de que se resuelva el nuevo concurso o, al menos, antes de que Etralux (si es que vuelve a intentar llevarse el contrato) pueda tener garantías de haber vuelto a ganar el procedimiento.
Dicho de otra manera, si Etralux ganara el concurso (en el que apenas se han dado quince días para presentar ofertas) la resolución del anterior contrato ya sería indiferente. La empresa habría logrado su objetivo inicial.