El conflicto judicial abierto entre el Ayuntamiento de Burgos y la promotora Elcide S.L. sobre la indemnización que la ciudad deberá pagar a la empresa por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos del solar de la Camposa (junto a la intersección de las calles San Francisco y Padre Flórez) es mucho más delicado de lo que en un principio se había trasladado. La versión simplificada y de parte de la Gerencia de Urbanismo, que se resumía en una mera aunque importante disparidad en las cantidades a pagar por el cambio de uso de la parcela (pasaba a ser un espacio libre público tras prohibirse la construcción de viviendas), omitía información trascendental como es el hecho de que el Ayuntamiento, una vez admitido a trámite el incidente de ejecución de la sentencia del TSJ, fue requerido hasta en tres ocasiones para que «alegara» contra las pretensiones de Elcide, que reclamaba el abono de 3,1 millones de euros. Sin embargo, en el número 1 de la Plaza Mayor ignoraron esas diligencias de ordenación que le fueron remitidas el pasado 1 de junio, el 17 de julio y también el 15 de septiembre, ya que no se dio respuesta a ninguna de ellas.

¿Por qué no se defendieron los intereses del Ayuntamiento y no se dio respuesta a los requerimientos del Juzgado de lo Contencioso? Cabe recordar aquí que el anterior jefe de la Asesoría Jurídica municipal decidió marcharse y el Consistorio se quedó durante meses sin su letrado jefe. Parece que ahí está la explicación a la inacción en este asunto.

Esta pasividad del Ayuntamiento, que no defendió en ese momento sus intereses pese a que fue requerido por el juzgado para que lo hiciera, desembocó en un auto fechado el 24 de octubre del año pasado en el que se dispone que se «estiman las pretensiones formuladas por la parte ejecutante» (Elcide), «declarando no ejecutada la sentencia y requiriendo a la Administración demandada para que proceda inmediatamente al cumplimiento del fallo de la sentencia de 6 de junio de 2022». Un auto, por otra parte, contra el que no se presentó recurso de apelación.

Tan grave ve el Juzgado que el Ayuntamiento no respondiera a sus reiterados requerimientos que establece en el auto la «imposición de una multa de 200 euros al encargado del cumplimiento de la sentencia». A lo que añade la petición de «se indique el nombre de la persona» que tenía que haber realizado esta labor.

Dicho de otra manera, Elcide cumplió con lo que le tocaba, puso una cifra a la indemnización, el juzgado no recibió noticias del Ayuntamiento y firmó un auto que no se recurrió.

¿De qué manera está tratando el Ayuntamiento de salvar la situación? El pasado mes de diciembre se firmó una resolución en la que, varios meses después de que se le requiriera por el juzgado, fijó que la ciudad debería pagar 416.000 euros a la promotora como indemnización. Y es aquí donde Elcide ha presentado un incidente en el juzgado en el que defiende que esa cantidad ya consignada no es la que se ha reconocido judicialmente, ya que interpreta que el auto, en el que se detalla que «se estiman las pretensiones de la ejecutante», obliga al Consistorio a pagar 2,6 millones de euros más. 

Sencillamente, Elcide defiende que el Ayuntamiento no aportó su valoración cuando se la requirió el juzgado y eso desembocó en un auto que no se recurrió y que es firme.

El Juzgado resolverá estas dudas, pero lo cierto es que la pasividad del Ayuntamiento puede salirle muy cara.