El diseño del plan estratégico del CT Burgos arranca con un recinto aduanero copado de empresas. De hecho, se espera que esta primavera vuelva la actividad al antiguo almacén regulador que ocupó Campofrío hasta 2023, un espacio de 8.000 metros cuadrados que gestionará Logística Sanmival, del Grupo Asercomex. Supone una inversión cercana a los 2 millones de euros por parte de la Aduana, que permitirá modernizar la gran nave, panelar su interior, mejorar sus equipos eléctricos y de refrigeración y dotarla de un nuevo sistema de protección contra incendios adaptado a las exigencias de la normativa, que incluirá la construcción de un depósito de agua.
También está previsto que el próximo año avance el proyecto para volver a instalar una estación de servicio en los accesos del recinto aduanero, en la N-1, junto a las instalaciones de Aguinaga.
Al parecer, hay varias empresas interesadas en esta implantación, aunque se van a priorizar los proyectos que ocupen la totalidad de la parcela y que deben ir más allá de la propia instalación de surtidores y añadir otros servicios enfocados al automóvil.
Se recuperaría así la estación de servicio que estuvo enclavada en este punto y que fue clausurada en 2009 tras un largo contencioso judicial que duró 21 años y que afectó directamente al alcalde Juan Carlos Aparicio, que se enfrentó a una denuncia por prevaricación.
Hay operadores interesados y se priorizará a los que ocupen la totalidad de la parcela
La antigua gasolinera comenzó a funcionar en 1988. Tres años después, el Tribunal Superior de Justicia emitió la primera resolución contraria a la apertura porque no cumplía la normativa urbanística de entonces sobre las distancias entre estos negocios, siempre a raíz de recursos planteados por la estación de servicio Yrazusta, ubicada unos pocos cientos de metros al norte siguiendo el trazado de la vieja N-1.
Pese a las denuncias, la estación de servicio funcionó sin los permisos en regla. El Ayuntamiento dio licencia en varias ocasiones, con varios intentos de legalización 'a posteriori' incluidos, pero todos ellos fueron tumbados antes o después en los tribunales. Por el camino, el Ayuntamiento ha tenido que pagar indemnizaciones multimillonarias (en euros) a la estación de servicio perjudicada.
Tras un último intento de legalización en el año 2007, a mediados de junio llegó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que volvió a anular la licencia de actividad. Después el Consistorio la clausuró.