El Consejo Regulador de la Ribera del Duero ha manifestado su preocupación ante la inminente instalación de granjas porcinas dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, en terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos. En un comunicado, el órgano regulador indica que se respetan aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca: los proyectos en torno al vino y el enoturismo. 

Ribera del Duero es una región vinícola de referencia nacional e internacional, siendo la Ruta del Vino la segunda más visitada de España, y teniendo entre sus atractivos el propio patrimonio natural. El entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo. Las bodegas y viticultores cuidan y protegen el viñedo, invierten en su recuperación, en la conservación de viñas centenarias, e implantan sistemas naturales y sostenibles en pro de su principal fuente de vida y desarrollo. 

En el comunicado, el Consejo Regulador y las bodegas de la Denominación aseguran que "no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan negocios porcinos en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural". Porque estos ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Más aún cuando hay alternativas viables para que se ejecuten este tipo de instalaciones, pues estamos en un entorno rural en el que abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas. 

Al lado de las bodegas. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen explican que han llevado a cabo una campaña para intentar buscar soluciones a las consecuencias de la posible instalación de esas granjas porcinas en territorios próximos a bodegas y viñedos, y lograr que se sienten unas bases urgentes que impidan que se vuelvan a producir situaciones como las que se están viviendo. 

Cuando hace un año las bodegas afectadas comunicaron a la dirección del Consejo esta problemática, el órgano regulador "se ofreció inmediatamente para colaborar con ellas en todo lo posible", acudiendo a los organismos pertinentes y acompañándolas en cuantos encuentros requirieron la presencia de representantes de la DO. 

En noviembre de 2020, responsables del Pleno del Consejo Regulador mantuvieron una reunión vía telemática con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el Viceconsejero de Desarrollo Rural y Director General del ITACYL y con Director General de Producción Agropecuaria, solicitando la intervención de la administración e informando de la preocupación del sector. Lamentablemente, la Consejería informó de que “no puede intervenir cuando la granja cumple la normativa en vigor”.  Hay que tener en cuenta de que la normativa se ha relajado durante la situación de pandemia, sin tener en cuenta el perjuicio para quienes trabajan en el campo, como son viticultores y bodegueros, ni para el sector turístico. 

En marzo, el Consejo Regulador se reunió con representantes de Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) y de Feporcy (Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León), para sensibilizarles sobre la problemática que se está generando al instalarse proyectos de este tipo en una DO de prestigio, y el peligro que puede tener para la imagen de nuestro territorio. Se solicitó la ayuda y colaboración de esas entidades para intentar que los proyectos de granjas porcinas se instalen fuera de la DO, sobre todo cuando el lugar donde se establecen no es determinante, ni para su éxito ni para su rentabilidad. También se les informó de que el sector vitivinícola iba a defender sus intereses. 

El pasado mes de junio, el Consejo Regulador solicitó a un técnico independiente especializado en ejecución de proyectos constructivos (entre otros, de granjas porcinas), un Estudio detallado sobre Normativa de aplicación a este respecto, competencias administrativas y comparativa con otras zonas vitivinícolas, de cara a definir la estrategia a seguir. 

Ya en julio, a instancia de Ribera del Duero, la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas) trasladó, en nombre de todos sus asociados, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (concretamente al Director General de la Industria Alimentaria y al Subdirector General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios), la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos en materia de energías renovables y macro granjas de ganado porcino que afectan a viñedos, bodegas y paisajes emblemáticos e históricos que reportan mucho valor a sus zonas geográficas adscritas. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen continuará defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno, con el objetivo de intentar evitar la degradación de la imagen de la región vitivinícola de Ribera del Duero. Considera urgente evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona, que es además uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar.