Una veintena de grandes y medianas empresas y decenas de pymes del sector de la automoción burgalesa, con más de 6.000 trabajadores en plantilla fija, podrán recurrir en caso de necesidad al mecanismo RED aprobado recientemente por el Consejo de Ministros para todo el sector nacional de fabricación de vehículos a motor y sus componentes. 

La medida, que aún no ha sido solicitada por ninguna empresa local dado que se aprobó un día antes de la Nochebuena y las fiestas navideñas, responde a situación de incertidumbre industrial en la que se ha justificado la negociación de los últimos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)desarrollada en Burgos antes de fin de año.

En concreto, el mecanismo RED de flexibilización y estabilización del empleo es, básicamente, un ERTE sectorial que se activa para afrontar los importantes problemas estructurales y coyunturales a los que se enfrenta la automoción y que se intensificarán con el nuevo año, como son la transición hacia la movilidad eléctrica (con obras de adaptación en la mayoría de las grandes plantas), los avances en la automatización y la presión de competidores internacionales, principalmente, China.

El mecanismo RED, que ya se activó durante la pandemia para el sector de las agencias de viajes ante el parón de la movilidad y del turismo, se recupera ahora para los fabricantes de  vehículos a motor, así como para toda su cadena de valor, un sector que representa el 10% del PIB nacional y da empleo directo a unas 200.000 personas. Solo en Burgos capital, ocupa a una veintena de sus principales industrias y a un amplio abanico de pequeñas empresas proveedoras.

La fórmula aprobada por el Gobierno se centra en un solo sector de la economía (la automoción) y permite a las empresas del mismo suspender temporalmente el contrato de trabajo o reducir la jornada de los trabajadores, que durante ese tiempo reciben protección social, es decir, no consumen paro como sí lo harían con los ERTE. Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores establece un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años para las empresas que se acojan.

Para solicitar un RED, las industrias deben presentar un plan de recualificación de sus trabajadores que debe tener por objetivo la mejora de sus competencias profesionales y su empleabilidad ante el cambio del sistema productivo.

Las acciones formativas deberán estar relacionadas, entre otros, con los retos derivados de la transición tecnológica, tales como el uso de nuevas tecnologías o la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos.

Uno de los primeros beneficiarios de esta medida será la factoría de Ford Almussafes y sus proveedores, entre los que se encuentran empresas burgalesas radicadas en Valencia, como Antolin. El mecanismo RED, que se ha negociado la pasada semana, afecta a toda la plantilla de Ford Almussafes (unos 4.300 empleados) de manera rotatoria, con un excedente de 996 trabajadores, y parará la actividad alrededor de 80 días en producción de vehículos y 50 en montaje de motor.

Castilla y León. España es el segundo mayor fabricante de vehículos en Europa (el cuarto en componentes de los mismos) y el noveno a nivel mundial, ya que más del 80% de la producción se destina a la exportación. 

En Castilla y León (Burgos incluido) es un sector clave, pues supone el 15,4% de su PIB y da empleo a cerca de 100.000 personas de manera directa e indirecta.

La situación crítica que se vive en estos momentos esta industria fue visualizada en la última cita del Cluster de la Automoción Facyl celebrada a finales de noviembre en el Fórum Evolución. 

Allí la presidenta de Facyl y directora general de Michelin España y Portugal, María Paz Robina, aseguró ante un auditorio lleno de directivos del sector que «nunca hasta ahora el mundo de la automoción se había enfrentado a tantos retos en el mismo momento, de manera simultánea». 

«Estamos -detalló- en plena evolución de nuestros productos hacia una movilidad sostenible, conectada y segura. Tenemos una importante sobrecapacidad de producción en Europa. Competimos contra operadores extraeuropeos que se rigen por normas más laxas que las nuestras en todos los ámbitos: medioambiente, energía o contrato social. Por tanto, no competimos en igualdad de condiciones y, sobre todo, nos han superado en los últimos años en el control de la tecnología y de las materias primas. Debemos aunar esfuerzos para preservar y fortalecer el que es, sin duda, un sector clave y estratégico para el desarrollo económico y tecnológico y social de Castilla y León».