El futuro de la Pirámide de los italianos, un mausoleo de 1939 dedicado a 384 militares italianos que murieron en Santander durante la Guerra Civil y ubicado en el Puerto del Escudo en la provincia de Burgos, se debate entre el derribo o su reinterpretación para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, aunque no está claro quién es su propietario.
Fuentes del Gobierno han asegurado a EFE que este mausoleo se incluirá en el catálogo de elementos franquistas que contempla la Ley de Memoria Democrática, aunque también adelantan que no lo derribarán y que tendrá que ser su titular el que lo derribe o reinterprete. Es en este punto donde surge el primer problema, porque no está claro quién es su propietario.
Juan Carlos Díaz, alcalde del Valle de Valdebezana donde se encuentra esta polémica construcción, explica a la Agencia EFE que para buscar la propiedad de los terrenos hay que remontarse a la edad media, cuando se creó una asociación con nueve pueblos del Valle de Valdebezana y la localidad de Arija, todos ellos en Burgos, a la que se concedió el aprovechamiento ganadero de la parcela donde se encuentra esta edificación.
"No está claro si se pudo producir algún cambio en esa titularidad durante el franquismo, aunque en el Registro de la Propiedad de Villarcayo, al que corresponde esta zona, no figura nada concluyente con los datos catastrales de que disponen", asegura el alcalde, quien tampoco puede confirmar si Franco cambió la titularidad o si lo transfirió al Estado italiano. Para el alcalde del Valle de Valdebezana pensar en su derribo es "un despropósito y una barbaridad".
Argumenta que tiene valor arquitectónico y es una construcción "singular", única en España, y sostiene que no se trata de un monumento para exaltar al franquismo o al fascismo, sino de un cementerio donde se acumularon la mayor parte de los cerca de 400 militares italianos que fueron "unos pobres desgraciados que murieron en la guerra civil". Además, insiste en que es el elemento más visitado de toda la zona, muy azotada por la despoblación.
Por su parte, la apuesta del consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox), para proteger este mausoleo ha sido incoar un expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la incoación de este expediente, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha subrayado este jueves que se trata de un particular y no de una formación el que ha presentado la solicitud, aunque no ha aclarado si este particular tiene algún vínculo con Vox, que pretenden proteger más de 190 plazas a inscripciones de la época franquista en la Comunidad.
Asimismo, el portavoz de la Junta ha negado que haya existido un trato de prioridad o favoritismo hacia esta petición particular para declarar al mausoleo como Bien de Interés Cultural.
Sí que ha subrayado Fernández Carriedo que "no se trata de una cuestión política, sino meramente administrativa", y lo que hará la Junta es "cumplir con la Ley de Patrimonio y con a Ley de Memoria Democrática".