Fue en el año 2017 cuando el Ayuntamiento de Burgos ordenó por primera vez clausurar el club de alterne Las Malvinas. En ese ejercicio hubo un cambio de propiedad y los gestores entrantes pidieron la transmisión del permiso de actividad. En ese momento el área de Licencias se percató de que el establecimiento nunca había obtenido dicha licencia, por lo que inició un procedimiento administrativo dirigido a cerrar el local. Pero al año siguiente el Consistorio dio marcha atrás después de que los dueños alegaran que originalmente sí funcionó de forma legal, pero con un permiso concedido por Villagonzalo.
En ese momento los técnicos se dieron cuenta de otro problema, quizá más grave: que el suelo sobre el que se halla el negocio está calificado como industrial, cuando la actividad declarada del establecimiento es la de hostal, a pesar de que se trata de un lupanar. En todo caso el Ayuntamiento atendió a las alegaciones de la sociedad gestora y neutralizó el cierre, puesto que el Consistorio había estado dando permisos para obras menores en el local en años anteriores.
Ahí quedó la cosa. Pero en marzo de 2022 la propiedad volvía a reactivar el asunto con un recurso al decreto de Alcaldía que años antes había ordenado el cierre. El área de Licencias, en época de Daniel de la Rosa como alcalde, desestimó las pretensiones de los gestores y éstos decidieron acudir a los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Burgos dio la razón al Consistorio capitalino y el TSJ acaba de confirmar dicho fallo.
Entre los argumentos de la empresa en su demanda volvió a esgrimir el de que los terrenos donde está situado el club pertenecen a Villagonzalo Pedernales, que es el que concedió licencia de apertura en 1990. También adujo que el acto administrativo del Ayuntamiento es de nulo de pleno derecho por carecer de competencia territorial para ordenar la clausura. Y acabó por pedir al TSJ que revisara toda la prueba practicada.
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