La Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) lleva años sin aparecer por el campo de La Lora y sin contestar a los requerimientos de las administraciones para asumir sus responsabilidades, pero ello no obsta para que intente reclamar las ajenas. Más de un millón de euros exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por los perjuicios que considera le produjo la orden de abandono definitivo de la concesión de la explotación de Ayoluengo, en octubre de 2018. La Audiencia Nacional ha rechazado su demanda, 4 años después de ser interpuesto el recurso, aunque puede acudir en casación al Tribunal Supremo. 

CPSasegura que se gastó 919.192,96 euros -cifra a la que añade los intereses- en la conservación de las instalaciones entre el 1 de febrero de 2017 (día siguiente al término de vigencia de la concesión y comienzo del periodo de mantenimiento) y el 31 de octubre de 2018, fecha en la que el Gobierno central ordena el abandono definitivo de la explotación e insta a la compañía a ejecutar la segunda fase del plan de desmantelamiento, que actualmente sigue pendiente, en vez de convocar un concurso para la nueva concesión del permiso.

La empresa se considera poco menos que engañada por el Miteco y su «actuación pretendidamente ilegal», al entender que la administración trató de «crear la apariencia de que convocaría un nuevo concurso para otorgar una nueva concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos en el área y, sin embargo, no llegar a hacerlo, sino exigir el desenvolvimiento de la segunda fase del plan de abandono», que costará millones de euros y que deberán asumir las arcas del Estado, al estar en fase de liquidación tras declararse en concurso de acreedores la Compañía Petrolífera de Sedano (aunque luego intente pasarle la factura al grupo empresarial del que dependía). El Miteco ha realizado una primera intervención de urgencia tras un vertido -encargada a Tragsa con un millón de euros de presupuesto- pero tiene pendiente abordar la operación más costosa.

La concesión otorgada en 19767 a Campsa, California Oil Company of Spain y Texaco fue pasando de compañía en compañía hasta quedarse como única titular CPS. En 2017 se le denegó la prórroga de la concesión con un Real Decreto que le recordaba que debía desmantelar las instalaciones y que era «responsable del mantenimiento de las mismas en condiciones seguras para las personas, los bienes y el medio ambiente» hasta el cierre definitivo del campo. 

Esa resolución «habilitaba a la Administración para convocar un concurso para la adjudicación de una nueva concesión de explotación» y hacía a la empresa ganadora del mismo responsable del desmantelamiento, «compensando a la anterior concesionaria por los costes prudentes» de la conservación de las instalaciones.

«Muy interesada». La Compañía Petrolífera de Sedano da por hecho que la Administración estatal «tenía obligación de convocar una nueva adjudicación», pese a que no recurrió la resolución judicialmente la decisión de no hacerlo, por lo que la Audiencia Nacional rechaza su demanda, al tiempo que recuerda que tenía la «obligación legal» de asumir los gastos.«El derecho a resarcirse de tales gastos a costa del nuevo concesionario puede no surgir si la concesión no llega a otorgarse o se le otorga al mismo sujeto que venía explotándolo», recalca la sentencia. De hecho, entre los antecedentes se destaca que CPS registró un escrito en «el cual manifestaba que la entidad continuaba estando muy interesada en el permiso La Lora y en presentar una nueva solicitud de concesión» al concurso que nunca se convocó.