La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto al secretario del Ayuntamiento de Cerezo de Río de Tirón de todos los delitos de los que era acusado por el Ministerio Fiscal y por un exempleado del propio consistorio, quien sostenía que aquel desantendía su labor para trabajar para la Agrupación de Municipios de San Millán de Lara y que allí cobraba más del tope fijado por la ley a espaldas de los ayuntamientos, un 30% de su salario principal. 

El acusado nunca ha negado que cobrase más dinero de los 850 euros mensuales estipulados por la agrupación como gratificación, aunque durante la vista oral insistió en que se trataban de indemnizaciones «por razón del servicio, por desplazamientos a los municipios, por llevar la contabilidad, por acudir a los plenos, por el kilometraje...», según recoge la sentencia.

Sin embargo, según la magistrada, no se puede hablar del delito de malversación de caudales públicos ni de apropiación indebida porque el secretario no podía disponer de los fondos ni le habían confiado su depósito y custodia.

Además, esas cantidades eran fijadas por las diferentes localidades de la Agrupación, que incluye a Jaramillo de la Fuente, Tinieblas, Vizcaínos, Barbadillo del Pez y San Millán de Lara. Así lo confirmaron los alcaldes de estas dos últimas en el juicio, celebrado en Burgos el 8 y 9 de febrero. Es más, según el peritaje de una funcionaria de la Diputación estaban incluidas en sus respectivos presupuestos, sin que el Ministerio de Hacienda o el Tribunal de Cuentas hayan puesto pero alguno entre los años 2010 y 2016.

«Como vemos, a la vista de cualquier tercero estaba el comprobar las cantidades cobradas por el secretario», apunta la magistrada ponente, María Dolores Fresco. A su juicio, «se está trasladando a la jurisdicción penal cuestiones correspondientes a la jurisdicción contencioso administrativa», como si esas indemnizaciones «se pueden fijar a tanto alzado, con la periodicidad que lo ha hecho la Agrupación de Municipios o en la cuantía que se ha hecho», remacha.

Durante la vista quedó patente que los alcaldes no solo sabían lo que cobraba, por lo que no puede haber estafa, sino estaban muy satisfechos con la labor del secretario. De fondo subyace el problema de la falta de habilitados nacionales para ocupar estos puestos y de las dificultades económicas de los pequeños ayuntamientos para pagar a un secretario a jornada completa. Con la fórmula del secretario acumulado, se ahorraban unos 1.000 euros de nómina y parte de la Seguridad Social, según explicó uno de los regidores, para añadir que les llevaba la contabilidad -que ahora han tenido que encargar a una asesoría externa- y una pedanía sin cobrar más por ello.

AGRESIÓN Y AMENAZAS. La sentencia también recoge las malas relaciones entre las partes. Por ejemplo, el testimonio del alcalde de Cerezo de Río Tirón subraya que el querellante era auxiliar del Ayuntamiento y fue despedido en 2015. Desde entonces sostiene que «se ha dedicado a molestarles y agredirles, hubo un juicio por agredir al secretario, a él le ha agredido también y ha interpuesto una denuncia. Las amenazas son constantes», resume la sentencia.

El extrabajador reconoció que su animadversión hacia el secretario venía fue previa a su despido. Interpuso la denuncia dos años después de encontrar los documentos, que facilitó a dos concejales para que a su vez estos pidieran un informe a la Junta de Castilla y León por supuestas irregularidades, al entender que se ausentaba de su puesto de trabajo principal los martes.