Los agricultores burgaleses han celebrado este verano una buena cosecha de cereal después de dos temporadas nefastas que habían estado marcadas por la sequía, pero eso no apaga las múltiples reivindicaciones para garantizar el futuro del sector. El 2024 arrancó con manifestaciones por las calles de Burgos y, aunque ahora los profesionales están centrados en las labores del campo, desde las organizaciones agrarias han dejado claro que volverán a salir a protestar si las cosas no cambian.

Fue el 6 de febrero cuando empezó en la provincia uno de los años más movidos que se recordarán en el campo. Y eso que en un primer momento no hubo unidad de acción. La protesta histórica en la provincia, convocada por la UCCL, reunió a más de 2.000 tractores. La capital se colapsó durante toda la jornada, ya que se citaron 800 tractores -el doble de los previstos inicialmente- y generaron una fila interminable de La Milanera hasta Villafría, de tal manera que entre el primero en salir y el último pasaron unas tres horas. Hubo múltiples cortes de tráfico en la AP-1, A-1 y N-1, mientras tampoco faltaron las marchas en Miranda, Aranda y Briviesca. Agricultores de todas las generaciones explicaron sus motivos para manifestarse.

En aquel momento denunciaban que estaban «asfixiados» por las políticas europeas de un sector que mueve muchísimo dinero, pero lo hace «sin rentabilidad» para el primer eslabón de la cadena, los propios agricultores y ganaderos. Exigían que las explotaciones resultasen rentables, se mencionaba que el precio del cereal estaba por los suelos mientras los costes de producción estaban disparados y se lamentaba que la burocracia suponía una traba más para el día a día. Susana Pardo, presidenta de UCCL, celebró el gran seguimiento y pidió a las administraciones que tomaran cartas en el asunto. Eso sí, una de las claves en el gran seguimiento fue la aparición del grupo independiente de agricultores, que entendían que había que salir sí o sí a defender sus derechos.

La batalla estaba servida y los días posteriores llegaron los cortes sin preaviso, donde varios grupos de agricultores llegaron a colapsar el tráfico en varias vías principales de la provincia como la A-1, la circunvalación de Burgos o la AP-1. Dos agricultores de Odra-Pisuerga acabaron detenidos por atentado y resistencia a los guardias civiles, mientras sus compañeros les arroparon en su puesta en libertad y todos se conjuraron para mantener las protestas. En Merindades se intensificó el enfado y hubo varias marchas en tractor, donde en una de ellas acabó detenido otro agricultor por causar un accidente grave en la CL-629. 

Para el día 14 de febrero se organizó otra manifestación, en este caso convocada por Asaja, UPA y Coag. Acabó resultando multitudinaria, aunque estuvo más organizada que la primera y ya no hubo ese caos en el tráfico por la ciudad. Pero parece que todas las partes entendieron que había que luchar unidos para conseguir los objetivos. La nueva plataforma independiente de manifestantes y las organizaciones agrarias (Asaja, UCCL, UPA y Coag) acordaron una unidad de acción para todas las movilizaciones, lo que significó un hito en el campo burgalés, y confiaban en que su ejemplo se extendiera a toda España. Las protestas siguieron y los manifestantes se desplazaron desde Santander hasta Madrid para reclamar mejoras para un sector muy golpeado.

Según publicaba este periódico, hasta el 11 de marzo habían resultado 11 personas detenidas desde el inicio de las protestas. En algunos de esos casos fue después de huir tras prender fuego a neumáticos, como ocurrió en la A-1, a la altura de Oquillas. El campo lo consideró «excesivo», ya que reconocían la ocupación de vías públicas, pero recordaban que estaban actuando «sin violencia» y como único recurso para que les «escuchen».

El tema se coló en la agenda política y los partidos aprovecharon ruedas de prensa y plenos para tratrarlo. El PP apoyó las movilizaciones y Borja Suárez y Ángel Ibáñez aseguraron que «las políticas ambientales del Gobierno de España han llevado al sector a una situación insostenible» y presentaron un plan de choque. Vox, por su parte, dijo que los populares se «subían al carro» puesto que en Europa apoyaban la agenda 2030 o el Pacto Verde.

Y por fin una alegría. El campo burgalés recuperó la sonrisa al recoger 1,7 millones de toneladas de cereal y duplicó así la obtenida en 2023. También superó con diferencia los 1,1 millones de toneladas obtenidos en 2022. Desde los sindicatos lo definieron como un buen año, pero se sigue criticando el bajo precio del trigo y la cebada mientras los costes para producir continúan por las nubes. En Odra-Pisuerga, Bureba, Merindades, Arlanza o Páramos celebraban, ahora sí, una exitosa cosecha.

Eso sí, la Riojilla Burgalesa fue una excepción. Las lluvias no aparecieron y las tierras sufrieron graves daños, impidiendo a muchos agricultores poder recoger el trigo y el cereal. Y una fuerte tormenta antes de iniciar la cosecha arruinó lo poco que quedaba. Tanto Asaja como la UCCL han pedido que se declare como zona de sequía extrema y que los profesionales puedan recibir ayudas directas para poder seguir trabajando. «Está todo machacado y ya son tres años malos, me estoy planteando dejar esto», manifestaba en ese momento Javier Fernández, agricultor y concejal de Cerezo de Río Tirón.

El girasol sigue ganando peso en la provincia burgalesa, aunque este año no ha sido demasiado positivo. La media se ha situado en unos 1.100 kilos por hectárea, un dato que se califica de «regular» debido a que la lluvia llegó tarde y de forma muy abundante. En la campaña pasada se consiguieron superar los 1.250 kilos por hectárea de media. El precio es otra de las preocupaciones en este momento. Ahora se paga a 420 euros la tonelada y hace un año estaba a 363.

Mientras, la patata en el Valle de Valdelucio y El Tozo -la zona más productora de la provincia- ha quedado completamente arruinada debido a que la lluvia no ha parado de caer desde mediados de septiembre y ha inundado por completo la superficie. El girasol en esta zona también quedó pegado al suelo y apenas se pudo recoger. Los alcaldes de Basconcillos del Tozo, Montorio, Úrbel del Castillo, Humada, Rebolledo de la Torre, Sargentes de la Lora y Quintanas de Valdelucio firmaron una petición conjunta para que se declarase como zona catastrófica, pero aún están a la espera de respuesta. «Hay un desánimo total en la zona», comentaba Rosa Margarita Ortega, alcaldesa de Basconcillos.

¿Protestas a la vista?

El campo burgalés ya amenazó hace justo un mes con nuevas protestas si no subía el precio del cereal. «Si esta situación sigue así tendremos que volver a convocar movilizaciones y manifestaciones más adelante», aseguró Esteban Martínez, presidente de Asaja. Criticó que el trigo y el cereal «están por los suelos», principalmente por las importaciones de Ucrania, y considera que se debe pagar 80 euros más por tonelada. Hace dos años estaba en 360 y ahora en 200. Así, urge soluciones al Ministerio de Agricultura.

Diego Saldaña, presidente de Coag, manifestó su preocupación por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el problema de Mercosur. Mientras, Gabriel Delgado, de UPA, criticó que «hay grandes empresas que triplican sus ingresos mientras las pequeñas explotaciones familiares se van a la ruina» y mencionó la burocracia que sufren y el elevado coste de la maquinaria y abonos. Y ahora se añade el problema de la plaga de conejos que está arruinando las tierras. Muchas cosas tienen que cambiar todavía para el sector.