El pasado 1 de enero saltaban todas las alarmas en Las Merindades después de que la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León informara a la agencia Ical de que el Gobierno vasco había expresado su «veto ante la actual composición del gobierno de Castilla y León» y la entrada de Vox en el Ejecutivo de Fernández-Mañueco a la hora de actualizar el protocolo de colaboración que ambas autonomías suscribieron en 2012. Los alcaldes temieron que esta situación pusiera en peligro el prometido acuerdo sanitario para que todos los ciudadanos de la comarca puedan elegir entre la atención especializada y hospitalaria en la vecina Bizkaia o en Burgos. La Consejería de Salud del Gobierno Vasco despejó ayer a DB todas las dudas y sostuvo que «la voluntad de negociación y acuerdo del Gobierno vasco ha sido inequívoca antes y después de los cambios de gobierno acaecidos en Castilla y León».

Lo cierto es que en octubre de 2021, el entonces consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, se detenía en Medina de Pomar tras reunirse en Vitoria con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno vasca, Olatz Garamendi. En el encuentro con alcaldes y concejales del PP aseguró que la firma del protocolo era ya una realidad cercana que permitiría a los titulares de las 24.400 tarjetas sanitarias de la comarca elegir entre Sanidad Castilla y León (Sacyl)u Osakidetza. Pero la inesperada convocatoria de elecciones en Castilla y León hizo que la firma del nuevo protocolo de colaboración entre las dos autonomías que se iba a celebrar en diciembre de 2021 se suspendiera.

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