La procuradora popular por Burgos Inmaculada Ranedo ha explicado esta mañana en la capital el grueso de la ley impulsada por el grupo del PP en las Cortes autonómicas para "blindar" tres áreas esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. "Se impide que las prestaciones se recorten o empeoren", ha dicho Ranedo, pero aclarando que la propuesta de ley, aprobada la semana pasada en el parlamento, no incluye detalle o requisito alguno para evitarlo. Es decir, no especifica condicionantes, prohibiciones o presupuestos mínimos para destinar a esas áreas. "En cada una de las Consejerías saben qué presupuesto han de destinar para garantizar lo que ya se tiene", ha dicho.

Ranedo ha recordado esta mañana ante los medios que la proposición de Ley por la que se garantizan los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León salió adelante sin el respaldo de la oposición -presentaron decenas de enmiendas no admitidas- y ha criticado especialmente al PSOE, afirmando que "no están en la política de luchar por las personas". Y ha afirmado que "si el Gobierno de España no nos ayuda, que sea la Comunidad la que blinde estos servicios públicos".

El objetivo "no es la complacencia", ha dicho, sino "blindar para mejorar" la calidad de estos servicios públicos; algo que, ha remarcado, queda de manifiesto en distintos estudios y estadísticas como el informe PISA, el de directores y gerentes de Servicios Sociales o los cuestionarios de satisfacción de los usuarios de Sacyl.