El grupo socialista del Ayuntamiento arandino ha instado a no renovar el convenio con la Diputación Provincial para la prestación del servicio de extinción de incendios y  salvamento en la comarca y ha reclamado una negociación a tres bandas, incluyendo en la mesa a la Junta de Castilla y León, para garantizar un servicio profesional  comarcalizado.

El portavoz y diputado provincial, Luis Briones, ha alertado de que, al haber sido denunciado por el pleno ,  no caben prórrogas sobre el último convenio pese a que el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Calvo, anunció que se había alcanzando un acuerdo verbal en ese sentido.  Y acusa al edil popular de mentir, ya que asegura que el presidente de la Diputación informó en la última sesión plenaria que se estaba «estudiando» la posibilidad de incorporar  una adenda anual  con una especie de prorrateo que supone un incremento de 500 euros anuales, hasta 130.000, y material por valor de 60.000. Una solución que no ha pasado por ninguna comisión ni en Diputación ni el Ayuntamiento, cuyo pleno debería ratificarlo.

 «No caben prórrogas porque sería  absolutamente ilegal y una adenda tendría también un difícil encaje jurídico porque el convenio ya no tiene validez», advierteLuis Briones.

El líder socialista evidencia que en estos momentos se está sin convenio legal de ningún tipo que regule la colaboración entre las dos administraciones -pese a ello el jefe del Servicio de Bomberos reconoce que no han recibido ninguna orden contraria a cumplir los términos del anterior acuerdo-  y alerta de la situación de «inseguridad» de los ciudadanos y de los propios bomberos.

Briones, que ha criticado la inacción por parte de los responsables municipales para resolver el tema desde que se denunció el 26 de septiembre, considera los cuestionados convenios con la corporación provincial «parche tras parche» y subraya que sucesos como el del incendio de la nave del pasado domingo les dan la razón. «Lo que pasó en Fuentecén, donde los bomberos tardaron más tiempo del necesario a causa del protocolo es de juzgado de guardia y absolutamente lamentable», indica.

Advierte de este tipo de acuerdos no dan solución a los problemas que tiene la comarca y considera que el Ayuntamiento es el gran pagano de esta situación recibiendo insuficientemente 129.000 euros por un servicio que le cuesta más de 1.6 millones de euros al año. «Es una vergüenza porque la Diputación tiene salvados los pueblos con el Ayuntamiento por 130.000 miserables euros», recrimina.

En su opinión la única opción viable es que la Junta deje de hacer dejación de funciones y asuma la titularidad del parque arandino para dar servicio a toda la Ribera dentro de una red de parques comarcales profesionales.

«El Ayuntamiento no tiene que firmar ninguna adenda ni tiene que firmar ningún tipo de convenio en precario. Hay que hacer una negocación a tres bandas porque aquí sí hay comarca, muchos pueblos, Diputación y también la Consejería de Fomento. Para de una vez dotar de medios económicos necesarios al parque de Aranda, que sea gestionado por la propia Junta y la gente esté tranquila y segura si sucede algo», resume Briones.