Desde ayer el Ayuntamiento -y, por tanto, la ciudad- es mucho más rico y diverso. Siete convenios firmados con otros tantos colectivos sociales van a facilitar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión social y van a ampliar la plantilla de la Casa Consistorial con tres personas con discapacidad y un intérprete de signos, además de prorrogar la relación laboral existente con otras dos que ya desempeñan su labor en dependencias municipales como conserjes y que tienen una discapacidad intelectual.
Así, a partir de este momento y escalonadamente en función de las necesidades de los diferentes servicios, estos trabajadores se irán incorporando a sus puestos acompañados de un preparador laboral ya que se trata, en todos los casos, de empleo con apoyo. En la Biblioteca Gonzalo de Berceo trabajará una persona con autismo; en el Espacio Mayor, otra con síndrome de Down; en los huertos de ocio y en el Espacio Joven habrá una tercera con enfermedad mental y los centros cívicos contarán con un intérprete de lengua de signos. Es intención del Ayuntamiento, según indicó la concejala de Servicios Sociales, Ana Lopidana, que el personal municipal que así lo desee pueda formarse en esta materia.
Los acuerdos -con una aportación de 10.000 euros para cada uno- permitirán, además, renovar el contrato a una persona de la asociación Síndrome de Down y a otra de Aspanias que ya trabajan como conserjes. El Salón Rojo fue el escenario donde se escenificaron las firmas con las diferentes entidades: las ya citadas Síndrome de Down Burgos y Cisa-Aspanias, además de Autismo Burgos, Arans-Bur y Prosame.
Por otro lado, se rubricó con Cruz Roja un convenio para el desarrollo de programas «encaminados a facilitar y promover el empleo de diferentes colectivos con dificultades para la inserción, con una duración de un año prorrogable hasta tres, como el resto, por valor de 45.000 euros. Y con la Fundación Secretariado Gitano se renovó el acuerdo de colaboración para el Programa Acceder de Lucha contra la Discriminación cuyo objetivo es favorecer prioritariamente el acceso de la población gitana al mercado laboral. El Ayuntamiento aporta 20.000 euros a otras cantidades que proceden de la Unión Europea y de la Junta de Castilla y León.